En Ecuador y en todo el mundo, el mayor desafío ha sido siempre un cambio de ‘chip’. Cuando hace 20 años se empezaba a hablar en el país de Responsabilidad Social, las empresas en general estaban dirigidas por sus fundadores o sus hijos, y este concepto se relacionaba estrechamente con el cumplimiento a rajatabla de las leyes y también con la filantropía: regalar fundas de caramelos en Navidad, organizar grupos para pintar una escuela, donar productos e insumos para una u otra fundación, y así...

Los fondos para estas acciones aisladas eran, en general, destinadas desde la dirección o la gerencia a partir de las ganancias de una compañía. Y, obviamente, cuando estas disminuían o por cualquier razón se aplicaba una reducción de costos de operación, este era el primer rubro que desaparecía del presupuesto.

Pero la llegada de nuevas generaciones de altos ejecutivos fue, según varios expertos, el punto de partida para asimilar la importancia de lo que el premio Nobel de Economía 1970 Paul Samuelson ya había formulado años antes: las empresas deben asumir las responsabilidades por las consecuencias de sus decisiones y acciones ante la sociedad. A partir de ahí, empezaron a avanzar los capítulos locales de las iniciativas globales para ‘evangelizar’ a las organizaciones públicas y privadas sobre el amplio abanico de posibilidades para mostrar a sus respectivos grupos de interés de que hay un compromiso que va más allá del balance de resultados.

Esto ha llevado paulatinamente a no solo hablar de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, sino también de Sostenibilidad, de un trabajo que perdure en el tiempo.
Naciones Unidas empezó proponiendo ‘Buenas Prácticas’, las cuales debían arrojar resultados tangibles en la calidad de vida de las personas, ser resultado de una alianza entre lo público, privado y la sociedad civil, y ser sostenibles (que tengan continuidad). Desde el 2011, a través de su red Pacto Global, 116 organizaciones en el país han suscrito el compromiso de implantar diez principios enfocados al respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de estándares laborales, al cuidado del medioambiente y a la lucha contra la corrupción. Todo esto se encamina al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de la ONU.

A esto se suma el trabajo sostenido del Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social (Ceres), que en colaboración con sus pares de Latinoamérica promueve desde el 2005 un enfoque corporativo basado en la generación de un valor agregado empresarial, buscando apoyar una dirección en los negocios socialmente responsable. Actualmente, cuenta con 48 miembros que, entre otras cosas, coordinan esfuerzos para conseguir beneficios tangibles y perdurables en los ámbitos y comunidades en los que intervienen.

Ya a nivel de Quito, la Ordenanza metropolitana número 0084, vigente desde el 2015, que busca el fomento del Distrito Metropolitano como un territorio sostenible y socialmente y responsable. Todas sus acciones son coordinadas a través del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, que integra a todos los actores y promueve el reconocimiento a las mejores prácticas dentro de la ciudad.

El desafío de todos, al momento, es un nuevo cambio de ‘chip’: ya no se trata de un asunto de grandes corporaciones o multinacionales, sino de todos.