5,3 años tarda resolver la insolvencia de las compañías

La forma en que hasta ahora se resuelven los procesos de insolvencia de una empresa es larga y compleja en el país. Así se desprende del informe Haciendo Negocios (Doing Business, por su nombre en inglés), elaborado por el Banco Mundial.

De un universo de 189 economías, el país se ubicó en el puesto 135 de este estudio que mide la facilidad de hacer negocios; esto es, un puesto por debajo de la posición alcanzada hace un año.

Esto, entre otros, debido a la dificultad de resolver la insolvencia de una compañía (ver nota principal).

En este aspecto el país ocupa el puesto 143, cuatro puestos más abajo que el puesto alcanzado en el 2012. Esto se debe a que en el país este proceso tarda 5,3 años, mientras el promedio de América Latina es de 2,9 años y en países desarrollados, de 1,7 años. Además, según el informe, el país no cuenta con una ley de quiebras.

En el país la Ley de Compañías establece los trámites de disolución y liquidación de una empresa.

El abogado y asesor empresarial Andrés Valencia explica que estos trámites no son complejos cuando no existen pasivos (deudas con proveedores, empleados, etc). Pero si los hay, el proceso puede tardar años e incluso nunca concluir. En tanto, la quiebra de una compañía debe tramitarse ante un juez. Este analista sugiere a las firmas buscar asesoría legal y contable para estos procesos.

Países como Colombia introdujeron reformas en el 2012 para bajar costos y facilitar los trámites para declarar la insolvencia de una firma. Hoy este país sudamericano ocupa el puesto 25 del Doing Business en este aspecto.

Chile, que ocupa el puesto 102 en este ítem, quiere mejorar su posición. Estos días, el Parlamento de ese país aprobó modificaciones a la norma de liquidaciones para incluir procedimientos concursables para deudores (empresas o personas naturales) en dificultades. Según los legisladores, el antiguo régimen no incentivaba el reemprendimiento.

Pablo Brassiolo, economista de la CAF, señaló, en un foro realizado el mes pasado en Quito, que las políticas gubernamentales también deben contemplar ayudas para cerrar emprendimientos.