Con una economía que no tiene moneda propia, la salida de dólares del país es una de las preocupaciones más profundas que tiene el Gobierno.

Desde el 2014, el Gobierno ha implementado tres estrategias: imposición de salvaguardias, cupos para bienes como celulares y automóviles, y el alza de aranceles para solucionar este problema.

En el plan económico, presentado el 2 de abril del 2018, esta última estrategia vuelve a ser utilizada para “proteger la dolarización”, según el presidente Lenín Moreno.

El programa contempla cuatro ejes. Uno se enfoca en la sostenibilidad de la dolarización y fortalecimiento del sector externo.

En este eje se espera incrementar los aranceles de al menos 375 subpartidas de bienes de consumo, hasta los techos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, explica que esta disposición estará vigente un año, mientras la Aduana desarrolla una base de valoración real efectiva de las mercancías.

La medida se anuncia 11 meses después del desmonte de las salvaguardias por balanza de pagos.

En octubre pasado, cuando Aduana implementó una tasa de 10 centavos para el control aduanero, el Gobierno ya anunció su intención de subir aranceles hasta los techos permitidos.

Según datos del Banco Central, entre 2015 y 2016, mientras estuvieron vigentes las salvaguardias, las importaciones cayeron en USD 4 900 millones.

A pesar de que el Gobierno dijo que esta medida apuntaba a reducir solo la importación de bienes de consumo, las compras de materias primas y bienes de capital también cayeron en 17% y 26% respectivamente. Ya en el 2017 las importaciones crecieron un 30% en relación al 2016.

Según Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, el Comité de Comercio Exterior (Comex) presentará esta semana las partidas que se ajustarán. Añadió que esta revisión no solo se traducirá en alza de aranceles.

“Habrá partidas en las que se eliminarán ciertos aranceles, por ejemplo, de materias primas, bienes de capital o subpartidas de deportes salud y cultura”.

Aunque no se ha dado a conocer el listado, el Ministerio de Finanzas estima que la decisión le dejará USD 288 millones de ingresos al Fisco durante el 2018.

Viteri precisa que ya se han identificado productos que ameritan acción inmediata. “Para poner (a estos bienes importados) en igualdad de condiciones con la producción nacional”.

Entre estos, menciona a los productos de cuero, juguetes, plástico, vestimenta, textiles.
Aunque el plan económico fue bien recibido por el sector empresarial, el alza de aranceles es el tema que más cuestionan los representantes de empresas grandes.

“Las medidas no deben venir por el lado del encarecimiento de productos comunes, como celulares, textiles o calzado. El país necesita reducir el gasto y tamaño del Estado”, dice Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.

La Cámara de Comercio de Guayaquil señala que durante el período de las salvaguardias se perdieron 270 000 plazas de empleo adecuado, de acuerdo con un estudio econométrico que presentó este año.

Según Francisco Briones, director de investigación de esta Cámara, las alzas arancelarias derivan en un mayor nivel de precios para el consumidor final en un contexto en el que Ecuador registra siete meses de inflación negativa. “Si la oferta se contrae porque los costos no dejan de subir, el tema inflacionario se podría agravar”, dice Briones.

Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Canape), considera que el Gobierno no solo debe enfocarse en medidas temporales para solucionar problemas de pago, sino en planteamientos que protejan a la industria nacional e incentiven su crecimiento.

Añade que el plan deberá contener una propuesta clara de reducción de tasas de interés para que las pequeñas y medianas empresas accedan a crédito barato.

La mipymes reciben el plan económico con optimismo

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están de buen ánimo luego de conocer el programa económico que presentó el Presidente de la República. Voceros de gremios, empresarios y académicos consideran que los planes anunciados por el Gobierno serán beneficiosos para los sectores productivos, incluido el de las mipymes.

Lenín Moreno anunció que habrá una revisión tributaria por el 100% de intereses, multas y recargos y estará dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, con plazo de hasta dos años. También ofreció que la simplificación de los trámites y aquellos que no sean debidamente justificados en los próximos 180 días serán eliminados. Además, hay otras acciones con efectos directos sobre las mipymes.

En los gremios existe optimismo. Para Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Canape), la declaratoria de moratoria del SRI y del IESS ayudará a muchas empresas que estaban complicadas en sus pagos por falta de liquidez.

Cisneros considera también que las medidas anunciadas por el Ejecutivo tendrán que ser desarrolladas en el tiempo. “Entendemos que con los anuncios de los ministerios vendrán otros mecanismos compensatorios, como el apoyo a ciertos conglomerados, búsqueda de más inversión extranjera, parques industriales que beneficien a las pymes”.

Cisneros cree necesario que ahora se debe trabajar en encadenamientos, un cambio en la lógica de administración pública o apertura de capital de parte de las empresas. “También hay que impulsar la exportación, pero cumpliendo procesos y requisitos”. En la Canape, apenas el 10% de los socios exportan en la actualidad.

Carlos Ribadeneira, presidente del Tribunal de Honor de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, también mira de manera positiva las medidas económicas. “El Presidente de la República está reconociendo el rol del sector privado. Esto abre una puerta de esperanza de contar con mayor seguridad jurídica y confianza. Esto traerá inversión y empleo. Ahora estamos a la expectativa de que los enunciados se conviertan en hechos”.

Ribadeneira considera que las pymes tienen en la actual coyuntura un rol importante en la absorción de desempleo, “pero primero hay que hacer estudios y análisis al respecto”.
Cisneros coincide. Él teme que con la reducción del tamaño del Estado se desplazarán empleos. Esto puede generar una disminución en el consumo y eso termina desplazando mano de obra del sector privado.

El vocero de la Canape plantea una posible solución. En lugar de que un empleado del sector público que pierde su trabajo use su liquidación en taxis, tiendas, panaderías o restaurantes que precarizan las condiciones de empleo, “pueden invertir sus liquidaciones en pymes que tienen abierto su capital, así apuestan en negocios que están funcionando”.

Hasta el año 2015, en el país se contaban cerca de 840 000 mipymes que daban empleo a un poco más de un 1 700 000 personas, según datos del Observatorio de las Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Para el director del Observatorio, Wilson Araque, las medidas anunciadas en general tienen un sentido de apoyo a la producción.

El investigador cree que el apoyo a las mipymes y a la economía popular y solidaria (EPS) se podrá medir de manera más concreta una vez que se desagreguen las propuestas y se conviertan en programas oficiales.

La medida 14, por ejemplo, incorpora el tema de la asociatividad en la EPS. “Allí no solo debe incluirse a los actores de la economía popular y solidaria, sino incorporar a la gran empresa, que puede servir de ancla y fortalecer todo el encadenamiento”.

Otro punto que Araque considera necesario analizar es el de la nueva imposición de aranceles. Allí la idea es que mientras duren los aranceles, las empresas pueden aprovechar para vender más en el mercado nacional. “Pero las pymes no deberán confiarse en que sea una situación permanente. Estarán obligadas a innovar y elevar su productividad, para que cuando se retiren los aranceles no queden desprotegidas”.

Medidas económicas

1. Recaudar USD 810 millones hasta el 2021 gracias a controles contra la defraudación fiscal que esta implementando el Servicio de Rentas Internas. Generar 1 037 millones a través de la racionalización de cinco beneficios tributarios que favorecen a las personas con ingresos anuales superiores a los USD 100 000. Incremento temporal de aranceles hasta llegar al techo permitido por la Organización Mundial del Comercio.

3. Revisión tributaria que no se centra solo en la recaudación, sino en la reactivación productiva. La revisión será por el 100% de intereses, multas y recargos; estará dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, con plazo de hasta dos años. La revisión se hará extensiva a las deudas con el IESS. Para las grandes empresas habrá una revisión similar con un plazo de 90 días, siempre que desistan de acciones legales.

3. Reducir USD 1 000 millones en los presupuestos anuales de las entidades de la Función Ejecutiva. Eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Reducir a la mitad el número de asesores. Bajar gasto en viáticos, sobre todo al exterior. Recortar el gasto en arriendos, optimizando el uso de espacios propios. Suprimir 7 de las 22 empresas públicas de la Función Ejecutiva.

4. Optimizar los contratos petroleros y los de preventa. También establece la elaboración de un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Esto significa buscar deuda en mejores condiciones. El Gobierno acudirá a organismos multilaterales, a las empresas y bancos para obtener mejores condiciones de tiempo y costos de nuestra deuda. Esto porque las condiciones de deuda contraída han sido duras y onerosas.

5. Fomento de exportaciones. Se generarán nuevos incentivos para el ingreso de divisas al país, tanto por nuevas exportaciones como por el incremento de inversión. Se devolverá el impuesto a la salida de divisas (ISD) y otros tributos a los exportadores que demuestren ingreso neto de divisas. Los beneficios e incentivos para los exportadores se darán cuando se demuestre el fiel cumplimento d e sus obligaciones.

6. Habrá incentivos tributarios del impuesto a la renta (IR) e impuesto a la salida de divisas (ISD) para nuevas inversiones que se lleven a cabo entre el 2018 y el 2019. En el caso de las inversiones que no involucren las áreas estratégicas y que se comprometan a reinvertir el 50% de sus utilidades en el país, no retendrán un valor adicional de pago de dividendos al que ocasionó el pago del impuesto a la renta.

7. En lo relacionado con el sistema financiero, el Gobierno ecuatoriano ampliará el acceso a crédito productivo y a créditos de inversión. Además, se implementará el marco normativo para incentivar la entrada de entidades financieras internacionales, que financien créditos de inversión para los sectores productivos. La medida genera expectativa en el sector financiero, así como en sectores productivos del país.

8. Se generarán condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial. Se fortalecerá el mercado de valores con incentivos como la racionalización de todos los costos a las transacciones de acciones de las empresas. Esto promueve la apertura de capitales y el funcionamiento del mercado de valores. Se racionalizará la ­norma que respon­sabiliza a accionistas de una empresa por las acciones del administrador.

9. En materia laboral, entrarán en marcha en los próximos días nuevas modalidades de contratos de trabajo, que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores y, recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turismo, el sector agrícola, la pesca, entre otros. Este ofrecimiento ya se había anunciado en meses anteriores, por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo.

10. Se eliminará el cálculo de impuesto mínimo del anticipo al impuesto a la renta, a partir del ejercicio fiscal del próximo año. Esta medida era una de las principales solicitudes que venían realizando el sector productivo y los gremios empresariales desde el Gobierno anterior. Los críticos argumentaban que era una medida que restaba liquidez a las empresas. El tributo mencionado entró en vigencia a mediados del 2010.

11. Se reducirá gradualmente el impuesto a la salida de divisas (ISD), en la medida en la que mejore el saldo de la balanza de pagos privada. El anterior Gobierno introdujo en el 2008 el impuesto a la salida de divisas, que arrancó desde el 0,5% hasta llegar al 5%. El impuesto fue considerado la principal herramienta de la autoridad tributaria para controlar el flujo de divisas desde el Ecuador hacia el exterior.

12. Se simplificarán los trámites para impulsar la producción y para dinamizar la economía. Los trámites que no sean debidamente justificados en los próximos 180 días serán eliminados. Para fortalecer este proceso, el Presidente firmará un decreto ejecutivo que disponga a todas las entidades que justifiquen por completo los trámites, usando parámetros de evaluación y transparentando costos´para la ciudadanía.

13. Se iniciará un proceso de alianzas público-privadas. Está en marcha la concreción de Alianzas Público-Privadas para las inversiones en infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones, transporte y obras públicas. Se esperan inversiones por USD 7 000 millones, entre 2018 y 2021, lo que además generaría ingresos adicionales al Estado en el orden de los USD 267 millones, en el 2018.

14. Se fomentará la economía popular y solidaria como eje central de la reactivación productiva y la inclusión económica. Bajo esta medida se dará impulso a la asociatividad entre pequeñas organizaciones, la asistencia técnica, la comercialización de productos de la economía popular y solidaria y se dará acceso preferencial a servicios financieros para los diferentes actores de este ­segmento.