¿Qué está pasando a escala regional con los sindicatos, con los servidores públicos y su peso en la economía?

Hay una situación crítica para los trabajadores en general, no solo para los de la administración pública. Hay una tendencia regresiva de derechos en la región. Ésta se afianza con la llegada al poder de presidentes como Bolsonaro, Macri, Duque y otros que manejan similares principios en relaciones laborales y que están siendo presionados por grandes corporaciones que, para garantizar sus ganancias, presionan hacia la baja las condiciones laborales y las condiciones salariales.

¿Solo en el sector público?
En el público y en el privado, es una tendencia general. Los trabajadores de la administración pública vivimos una larga trayectoria de aplicación de una política de reducir el Estado, porque nos vendieron la idea de que los trabajadores del Estado son ineficientes y que la única forma para que el Estado garantice servicios de calidad es con la participación de terceros en la funciones que el Estado venía cumpliendo. Esta política ha sido aplicada a lo largo de la región y llevó a la desaparición de una masa considerable de trabajadores del Estado en casi todos los países de la región. Esa política no resolvió los problemas que pretendía resolver, que eran garantizar mayor calidad y mayor eficiencia en servicios públicos.

Lo de la reducción del Estado y la idea de que el empleado público no es eficiente es un discurso que se repite cada cierto tiempo...
Sí, pero ahora no está aplicándose de la misma forma, como hace tres décadas. Hoy van por los derechos de todos, ya no se trata solo de reducir el tamaño del Estado, sino que las grandes corporaciones y el gran capital financiero internacional están presionando a la baja en general de todo el empleo, en contravía de lo que discute la OIT que es el futuro del trabajo con derechos. De alguna manera en la región vamos en contravía. El más claro ejemplo está en Brasil donde la reforma laboral es completamente regresiva en derechos y atenta contra la libertad sindical. Eso se está replicando en Argentina, Chile y Colombia.

¿Qué características tiene esta tendencia en la región?
La particularidad es que se ha impedido la aplicación de los sistemas de meritocracia. El Estado sigue utilizándose como una torta de reparto burocrático. Entonces a quien llega al poder no le interesa aplicar la meritocracia, la carrera administrativa, los concursos, sino que se hacen contratos temporales, ocasionales y otras formas de contratación atípica que desdibujan el sentido del trabajo decente, que en teoría está garantizado desde el propio Estado. Eso ha llevado a tener una contratación exagerada y rompe el sentido de la meritocracia.

En Ecuador el aparato público prácticamente se duplicó en 10 años y ahora el dilema es reducir su tamaño. ¿Qué se puede esperar más aún cuando el Gobierno está en un plan de austeridad?
Allí tienen que considerarse las condiciones particulares del Estado, su situación financiera, su situación fiscal. Pero también hay que respetar principios como la meritocracia. El problema es que quien queda enredado entre los favores políticos es una persona que realmente necesita un empleo. Cuando llega un barrido los propósitos pueden ser buenos, pero los resultados deben medirse en términos del impacto tanto para los trabajadores, como para el propio funcionamiento del Estado. En una lógica sana cualquier gobierno tiene que hacer un estudio técnico de las necesidades del Estado, de la cantidad de empleos que requiere.

Esto de controlar el tamaño del Estado es algo recurrente. ¿Es un problema regional?
El problema en la región es que los sistemas de meritocracia se han desdibujado por el uso indebido del poder político de quienes llegan a gobernar. El tema de la reducción del Estado ha estado acompañado de la entrega de servicios públicos esenciales al sector privado y eso ha llevado a problemas serios de empleo de los servicios públicos, porque quienes llegan desde el sector privado desconocen en parte los derechos laborales.

Todo esto trae un efecto social…
Para nosotros hay servicios que son más que eso. Son derechos humanos fundamentales; estamos hablando del derecho a la educación, a la salud, al agua potable, al medioambiente sano. Esos derechos no pueden considerarse como mercancías del juego del mercado para que llegue inversión y así obtener ganancias. Son derechos humanos fundamentales y el Estado debe responder por su aplicación.

Esa siempre ha sido la meta. ¿No es utópico?
No es que sea utópico, es que ante un modelo que gira alrededor de la inversión de las empresas, se puso a los servicios públicos en la esfera del mercado y se le dio relevancia a la participación del sector privado y no al papel del Estado. Es un problema de hacia dónde giró la economía global y cómo distorsionó derechos fundamentales. Hoy estamos ante el problema de seguir esa tendencia peligrosa de privatizar los servicios públicos o se recupera el papel del Estado y garantizar esos servicios como derechos fundamentales.

¿Cómo mira el futuro del trabajo, la automatización del empleo?
Es uno de los temas centrales que tiene la OIT. Partimos de una premisa: hay que revisar el futuro del trabajo teniendo en cuenta la revolución tecnológica o la cuarta revolución industrial, con una transformación en las relaciones laborales. No podemos revisar el futuro del trabajo sin revisar el futuro del capital. Si aparecen nuevos escenarios gracias a la tecnología, hay que garantizar las condiciones del trabajo decente. No nos oponemos al desarrollo o al uso de tecnologías. Pero esas tecnologías van en menoscabo de las condiciones esenciales del trabajo decente. Los trabajadores de grandes plataformas no saben quién es su empleador.

Pero ellos no van obligados a ser parte de plataformas tecnológicas
Pero están cambiando las relaciones laborales a partir de las tecnologías y ese cambio origina hechos reales: nuevas relaciones de trabajo y allí se desconocen derechos, casi se invisibiliza el trabajo y al trabajador. Tenemos que abordar esas nuevas tecnologías.

¿En esta coyuntura cabe la idea del sindicato como se lo conoce o tendrá que reformularse?
La organización de los trabajadores es una necesidad para el funcionamiento de la democracia, independiente de nuevas formas de trabajo o de nuevas tecnologías. Los sindicatos son un contrapeso en el desarrollo económico, sino el poder se concentra en contravía de los derechos. Es lógico que con las nuevas formas de trabajo se deba repensar las formas de organización de los trabajadores. Estamos ante la disyuntiva de repensar el movimiento sindical.

Hoja de vida
Cargo. Hoy en día es Secretario subregional para la Región Andina de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
La ISP.  La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores que suministran servicios públicos esenciales en 163 países. Aboga por los derechos humanos, defiende la justicia social y promueve el acceso universal a los servicios públicos de calidad.
En Quito.  Estuvo la semana pasada en la capital ecuatoriana invitado por la Universidad Andina Simón Bolívar.