La industria minera es considerada como parte de uno de los sectores económico estratégicos y, por lo tanto, no ha cambiado con la firma de los acuerdos de la mesa 5.

Andrés Wierdak, viceministro de Minas, realiza esa explicación sobre el acuerdo firmado el 9 de septiembre entre el Gobierno y los indígenas sobre la minería. Puntualiza que esta actividad formal en Ecuador -según manda la Constitución y la Ley, es una actividad autorizada y completamente legal.

El acuerdo contempla varios aspectos, que serán debatidos desde el 25 de octubre cuando se instale una mesa técnico-jurídica.

Wierdak informa que, con la metodología de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se definirán los actores, cronogramas y mecanismos de trabajo, para construir un proyecto de Ley orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada.

Otros temas son la prohibición de otorgar derechos mineros (se refiere a concesiones, contratos y permisos) hasta que se apruebe la Consulta Previa y no dar licencias para nuevas actividades hasta contar con la Consulta Ambiental.

Al respecto, la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) expresa que el Gobierno no puede acordar la suspensión para dar derechos mineros, porque están amparados en la Constitución y leyes, y más grave es que no se precise el período de suspensión.

Aclara que la consulta previa aplica únicamente a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y no a todo el territorio.

Para Rebeca Illescas, exministra y exviceministra de Minas, este acuerdo tiene implicaciones graves para el sector y genera incertidumbre para los inversionistas mineros.

Ella repara que ese acuerdo es confuso y lo más grave es que se deja por escrito que esa industria afecta a las comunidades, cuando es lo contrario si se mira la actividad de las dos minas a gran escala en explotación en Zamora Chinchipe: Fruta del Norte y Mirador.

Otro tema grave es hablar de moratoria, que significa suspender toda la actividad y da un mensaje preocupante para los grandes inversionistas extranjeros, que están interesados en venir a Ecuador.

Cree que sobre las consultas hay procesos adelantados. En la Asamblea se presentó un proyecto de Ley de Consulta Previa en mayo último, pero aún no se debate. La creación de esa ley está en la Ley de Minería, aprobada en 2009.

María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, dice que lleva 14 pendiente de creación en la Asamblea. La industria está dispuesta a acatarla, pero no existe la normativa.

La aplicación de la Consulta Prelegislativa también es competencia de la Asamblea. Su ejecución en las comunidades puede durar un año.

La AIME, Illescas y la Cámara de Minería coinciden en que es necesario que en las mesas técnicas estén incluidos todos los actores de la industria minera, y no solo el Gobierno y los indígenas, como ocurrió con la mesa de diálogo. Silva comenta que han pedido al Gobierno tener una representación.

El catastro minero se abrirá
El viceministro Wierdak asegura que en diciembre de este año se tiene previsto habilitar la herramienta tecnológica Sistema de Gestión Minero (SGM) para el inicio de solicitudes de procesos de otorgamiento de nuevos derechos mineros.

Para ello se hará un mantenimiento preventivo del sistema y posteriormente se migrará la información a la nueva herramienta tecnológica Sistema Integral de Gestión Minera.

Este será una herramienta con alta seguridad y transparencia para la administración de los diversos derechos mineros y la ejecución de los diferentes procedimientos. Se prevé iniciar el proceso de contratación este último trimestre, según la planificación para la ejecución del crédito del BID, que financia el catastro.


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