Hace aproximadamente un año, una delegación ecuatoriana anunciaba por todo lo alto en Toronto -en el contexto de la principal feria mundial de minería-, que el país abría las puertas a la inversión privada. En ese foro, incluso se mencionaron fechas para la suscripción de los primeros contratos con las empresas interesadas en desarrollar proyectos auríferos.

Después de un año, una comitiva más numerosa regresa a esa misma feria (del 3 al 8 de marzo) y con igual propósito: exponer las ventajas que ofrece Ecuador, para el desarrollo de esta industria y, si el tiempo lo permite, mostrar a los inversionistas internacionales los primeros acuerdos logrados con las empresas Ecuacorriente y Kinross.

Pero esta hipotética posibilidad tiene limitaciones que no permiten seguir en una negociación, que tomó fuerza desde el 2010, que se concentran en las regalías e impuestos.

En estos dos temas se han unificado más los desacuerdos entre el Gobierno y las empresas mineras. Las reuniones de ambas partes continúan y se prevé que se intensificarán en las próximas semanas, pero todavía no está despejado el camino para observar un acuerdo final en el corto plazo.

La presión de un año con tintes electorales, el desacuerdo de las comunidades indígenas que habitan en las áreas de influencia de los proyectos mineros, además de los grupos que se oponen a esta industria, matizan un escenario en el cual el Gobierno pudiera privilegiar sus intereses políticos.

En estas circunstancias, las millonarias inversiones anunciadas por la autoridad gubernamental aún deberán esperar. Consecuentemente, el despegue del sector minero industrial del Ecuador tomará un poco más de tiempo.