La Regulación 55 del Banco Central del Ecuador (BCE), publicada en el Registro Oficial el pasado 20 de marzo, detonó una serie de dudas acerca de su alcance. En las últimas semanas, varias interrogantes se han abierto, por lo que las autoridades de la entidad hicieron puntualizaciones sobre su alcance.

El presidente del Directorio, Diego Martínez; el gerente, Mateo Villalba; y, el director del proyecto, Fausto Valencia, señalaron que no habrá una emisión de ninguna moneda paralela y que el respaldo del dinero electrónico será totalmente con dólares físicos, que la propia ciudadanía deberá solicitarlos. Además, señalaron que no servirá para pagar a los acreedores del Estado ni a los burócratas, sino que será una herramienta para que la ciudadanía, precisamente, pueda cancelar sus obligaciones públicas.

Adicionalmente, aclararon que la dolarización no está en peligro y que más bien el sistema servirá para disponer de un medio de pago más rápido, seguro, higiénico y barato. "Se utilizará a través de los sistemas móviles que se encuentran al alcance de la mayoría de los ciudadanos, pero sin el cobro de altas comisiones, sin fines de lucro y como un servicio público para la ciudadanía, que permitirá la inclusión financiera de los más pobres y vulnerables", aseguró Martínez.

Añadieron que el país paga alrededor de USD 3 millones al año para cambiar unos USD 1 500 millones de billetes viejos o desgastados por especies nuevas. Con el dinero electrónico, el país podría ahorrarse este valor.

También adelantaron que cada persona natural podrá disponer de hasta tres líneas celulares para realizar sus transacciones, con un monto máximo de USD 2 000 mensuales. Mientras que las personas jurídicas podrán disponer de hasta 10 líneas celulares, con un máximo de USD 200 000 al mes para transar.

La Regulación fija hasta el 20 de septiembre como plazo para que el BCE emita el reglamento de operación del dinero electrónico. La idea básica es que las personas, voluntariamente, puedan utilizar sus dispositivos móviles para la compra de bienes y servicios.

150 millones de ­dólares, en cinco años, circularán en la primera etapa.