El contrabando no da tregua en el Ecuador y las cifras de incautaciones o aprehensiones de mercadería ilícita crecen con el tiempo. Los datos de los organismos de control como el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) señalan que en el 2017 se incautó de mercadería ilegal o de contrabando valorada en USD 40 millones y este año se calcula que el monto se incremente un 5%.

Entre los sectores más afectados por este delito se encuentran el textil, el tabacalero, el de licores, calzado, productos perecibles (lecha, arroz, entre otros) línea blanca y cosméticos.

La industria ecuatoriana y los sectores productivos miran con preocupación el tema. Un estudio de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) señala que los principales productos aprehendidos en 2017 fueron cigarrillos, textiles, electrónicos, comestibles, medicinas, calzado, vehículos y licores. Este año la lista es similar.

El mismo gremio sostiene que Ecuador ocupa este año el puesto 109 de 190 economías, de acuerdo con el índice Doing Business, elaborado por el Banco Mundial. Esta medición señala que mientras más burocrático y largo sea el proceso de desaduanización y más alto el costo del comercio transfronterizo, hay más incentivos para el incremento del comercio ilícito de bienes.

Las autoridades y los empresarios demuestran una particular preocupación por el contrabando técnico, que genera pérdidas por cerca de USD 400 millones anuales en la recaudación de impuestos no declarados, según detalla María Alejandra Muñoz, directora nacional de Aduanas.

La funcionaria reconoce que el contrabando técnico crece y genera inquietud. Esta modalidad de contrabando es cuando se subfactura una mercancía. Así un importador declara mercadería por 10 toneladas, pero en realidad ingresa más. También se habla de contrabando técnico cuando la tonelada de un producto cuesta una determinada cantidad, pero se declara que cuesta menos o cuando se declara un producto diferente al que está ingresando. “Hilos en lugar de fibras, por ejemplo”, detalla Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador (Aite).

La vicepresidenta ejecutiva de la CIP, Carla Muirragui, sostiene que de lo que se incauta no es ni el 10% de lo que realmente ingresa al país de manera ilícita. Ese dato, añade, se obtuvo calculando con representantes de los sectores afectados. En cigarrillos, menciona la dirigente gremial, se incautó de mercancía valorada en USD 11,5 millones “y estimamos que el contrabando que sí ingresó al país fue de unos USD 120 millones”.

La otra modalidad es la llamada contrabando abierto y es el que ocurre en las fronteras. Allí se cuentan camiones que no son revisados, ciudadanos que ingresan al país sin declarar lo que han comprado o el contrabando de hormiga, formado por pequeños comerciantes que se organizan para burlar los controles.

Muñoz indica que la Senae cuenta desde hace dos meses con una unidad específica que recibe información de los sectores afectados. “Consolidamos esta unidad de inteligencia para tener mesas de trabajo con los sectores más sensibles, con los sectores que presentan denuncias”.

Otro problema que señalan autoridades y empresarios es que el contrabando es parte del crimen organizado. Es una actividad vinculada con lavado de activos y narcotráfico, dice Muñoz.

En cuanto al papel del consumidor, Muñoz señala que es difícil para el ciudadano de a pie determinar que mercadería ha llegado al país de manera ilícita.”El contrabando no siempre se vende a precios bajos y la gente no tiene conciencia por saber el origen de lo que está comprando”. Eso agrava el problema.

Para Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), esta problemática, sumada a otras variables, como el incremento de las importaciones y la disminución del gasto público, generan caída en consumo y ventas y desempleo.

Según Cisneros, los esfuerzos del Gobierno en políticas públicas contra el contrabando siguen siendo limitados. “Las mafias organizadas están cada vez más adelantadas. Hace falta una política pública entre el sector productivo y la autoridad de control”.

El problema es regional. Un estudio señala que el contrabando moviliza en América Latina cerca de USD 80 000 millones anuales (ver página 13).

El país, con baja calificación en un índice

La informalidad no perdona las calles de la ciudad. En media cuadra de la avenida República del Salvador, al norte de Quito, se pueden hallar hasta cinco vendedores informales de cigarrillos, la distancia entre algunos de ellos es de apenas tres metros.

En la misma avenida, o en la 6 de diciembre, también se pueden encontrar en plena calle, sobre lona o en el maletero de un carro, ropa, carteras, bisutería, libros, entre otros productos que no pagan impuestos, ni tasas.

El Índice de Entorno Global del Comercio Ilícito 2018, elaborado por The Economist y la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, ubicó a Ecuador en el puesto 60, de entre 84 países, es decir, recibió una mala calificación en el combate al contrabando. Otros países de América Latina, como Perú, Colombia, Argentina y Chile estuvieron mejor calificados.

La industria tabacalera es una de las afectadas por este problema. Según datos de Itabsa, Tanasa y Proesa, firmas afiliadas a Philip Morris International, en los últimos siete años (2012-2018), el porcentaje de cigarrillos comercializados ilícitamente en el país pasó del 2% al 55,2%. Mientras que en el mundo el promedio es del 10%.

Para Mauricio Sáenz, director de asuntos corporativos de las tres compañías, el fenómeno está directamente vinculado con la subida de impuestos que sufrió el sector entre el 2015 y 2016. En esos dos años el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se incrementó en un 73%, impactando en el precio final del producto y en una caída en ventas de la industria del 62% en los últimos cuatro años, más no en una disminución significativa del consumo.

“En el Ecuador lo que hubo fue un traslado de la demanda al consumo ilegal”, advierte Sáenz. Una cajetilla de cigarrillos contrabandeada se puede adquirir en la calle en USD 1,75, mientras que en el mercado formal la más económica tiene un costo de USD 5,10.

Como consecuencia de la baja en ventas para la industria, la recaudación tributaria tampoco se incrementó, por el contrario disminuyó. Además, producto de las ventas por contrabando, la industria calcula que este año el Estado dejará de percibir cerca de USD 141 millones en impuestos.

Textiles es otro sector que ha perdido competitividad por el comercio ilícito. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), indica que en los últimos cuatro años la industria ha caído en producción un 12%.

De acuerdo con un análisis realizado por la AITE, desde enero del 2015 a octubre de este año, el Fisco tuvo un posible perjuicio de USD 70,3 millones en cinco categorías textiles de 80 subpartidas arancelarias subdeclaradas.

Las prendas, tejidos y ropas, que fueron declarados por debajo del precio promedio ponderado provienen principalmente de China, Comunidad Andina, otros países de Asia, del Mercosur y Estados Unidos.

“El sector formal debe competir con esto. La industria está decreciendo”, se lamenta Díaz. Las ventas del sector cayeron de USD 971 millones en el 2014 a USD 533 millones en el 2017.
“Queremos una real política de Estado, con una ley anti-comercio ilícito correctamente implementada”, subraya el dirigente
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También afectada por esta problemática, la industria de productos de venta directa (por catálogo) ha constatado que mediante redes sociales se ofertan productos cosméticos sin registro ni notificación sanitaria. Así lo asegura María Fernanda León, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD) y Pro Cosméticos.

El gremio también ha encontrado relación entre el incremento de regulaciones gubernamentales y el aumento del contrabando de productos en el sector.

La región alista estrategias para combatir el comercio ilícito

La cifra es impresionante. Según la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), el contrabando moviliza en América Latina cerca de USD 80 000 millones anuales. Esa cifra representa entre 0,9% y el 2% del PIB de los países afectados.

El resultado es un golpe a industrias como siderurgia, metalmecánica y acero; tabaco; licores, medicamentos y cosméticos; plásticos y calzado; textiles y confecciones; y ciberseguridad.

Para combatir esta situación ALAC trazó una hoja de ruta con una serie de compromisos que incluyen la creación de un grupo de trabajo compuesto por agremiaciones de empresarios y las principales empresas privadas afectadas por el contrabando. También se habla de elaborar planes de acción, implementar un sistema de intercambio de información entre países.

En Ecuador también hay iniciativas puntuales. María Alejandra Muñoz, directora nacional de Aduanas, explica que hoy se trabaja con el sector privado para promover entre la ciudadanía la compra de mercadería que esté en regla formal. “En el desarrollo de esta cultura trabamos en los controles y educando al consumidor”.

Carla Muirragui, vicepresidenta de la CIP, tiene algunas sugerencias enfocadas en los compradores. “El consumidor debe exigir siempre factura. Eso es básico para determinar si es o no contrabando. El cliente tiene esa capacidad, ese poder de decidir”.

Para Mauricio Sáenz, director de asuntos corporativos de Itabsa, Proesa y Tanasa, las campañas de concientización son fundamentales para luchar contra el comercio ilícito. “La gente no sabe siempre lo que hay detrás del contrabando. Tenemos que discutir con la seriedad debida”, dice el vocero del sector de cigarrillos.