El Superintendente de Control del Poder de Mercado hace un balance de las concentraciones económicas en el primer semestre. Además, se refiere a los pasos que ha dado esta entidad, para ser más efectiva en su trabajo y que se ejerza la libre competencia.

¿Cómo se movió la concentración económica durante el primer semestre, en comparación con igual período del 2020 y 2019?
Si se comparan los últimos tres años, en el 2020, por los efectos de la pandemia, el confinamiento y la inactividad económica, tuvimos menos solicitudes de autorizaciones, solo 10 en todo el año. En este semestre que terminó, tuvimos 10 autorizaciones (siete adquisiciones de acciones, dos adquisiciones de activos y una fusión), la totalidad del 2020. En 2019 tuvimos 23 en todo el año. Somos optimistas; estamos en la mitad de la media 2019 y cubriendo lo que fue todo el 2020. Hay signos de revitalización económica. Hay un ingrediente adicional y que es común en América Latina, vivíamos un proceso electoral, que comienza con las campañas. Esto es un elemento importante para la toma de decisiones económicas. El Gobierno actual recién va a cumplir dos meses. Las decisiones de mayor envergadura todavía están por venir.

¿Cuánto tiempo demora la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en aprobar una operación de concentración económica?
En noviembre del 2020 se aprobó la Reforma al Reglamento de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, con la cual se crea un sistema de dos fases en el tema de concentraciones. El propósito es que en la primera fase, de 25 días, se aprueben transacciones que por ley nos deben notificar, pero que en un análisis primario se puede identificar que no habrá afectación a la estructura de mercado. Solo aquellas que ameriten un análisis más profundo deben pasar a la segunda fase. Esto es relevante para que la autoridad se concentre en lo que corresponde, estructuras grandes de concentración de mercado. Antes, el proceso demoraba, en promedio, 180 días. Hemos bajado notablemente y el compromiso es ser más eficientes. Este año, se han logrado algunas autorizaciones en 25 días, con otras que pasaron a la segunda fase estamos tratando de que se cumplan en 120 días.

¿Qué recomendaciones dieron la OCDE y el BID a la Superintendencia en sus exámenes interpares sobre el derecho y política de competencia: Ecuador, 2021?
Se manifestó que el trabajo de evaluación de concentraciones ha sido consistente. Nos dice en qué somos fuertes y en qué debemos fortalecernos. Hay varios aspectos, unos son normativos; otros de reestructuración institucional, con el fin de incrementar personal en áreas que lo ameritan; también, dice que debemos tener más presupuesto para fortalecer ciertas áreas. Adicionalmente, nos recomiendan enfocarnos en investigar para identificar y destrabar carteles, y sancionarlos. Eso le da mayor prestigio y reputación a la autoridad de competencia y transmite un efecto disuasivo.

¿Qué cambios son necesarios para fomentar la libre competencia en el país?
Realizando estudios de mercado nos dimos cuenta que hay mucha regulación ineficiente en el Ecuador. De la mano con la autoridad peruana, nuestro par, trabajamos en una metodología de identificación de barreras normativas, para el ingreso, permanencia y salida de operadores económicos. Esto lo presentamos el año pasado y dirigimos a las diferentes instituciones del Estado, con el fin de que consideren la metodología al momento de expedir una nueva normativa y se pregunten si es necesaria, idónea, proporcional. En el país no hay tradición de hacer esos análisis de impacto económico para expedir normas. Nuestro propósito es que se ejerza la actividad económica en un ambiente de libre competencia y concurrencia, hacia eso hay que propender. Tiene que haber menos normativas y que sean eficientes. Esto es regulación inteligente.

¿En qué otros temas viene trabajando la entidad?
Hemos trabajado en la expedición de guías, a efectos de que operadores económicos, abogados, economistas y otros profesionales se involucren más en el trabajo de la autoridad. Hemos sacado un guía de prácticas desleales y estamos por sacar una de abusos y otra de prácticas restrictivas. Esto ayuda a que haya más cultura de competencia en el país. También seguimos fortaleciendo los monitoreos e investigaciones; estamos trabajando en un estudio de compra pública en el Ecuador.

¿Qué tanto se afectó el mercado y la competencia con la pandemia?
La actividad económica se afectó en todo el mundo. La pandemia lo primero que generó fue un confinamiento, que trajo consecuencias de largo alcance. El sector turístico es uno de los más afectados. El país, además, venía con dificultades económicas. Por otro lado, hay sectores que se desarrollaron más rápido, como el comercio electrónico. ¿Se afectó la competencia? No se puede generalizar, hay que analizar en cada mercado. Sí hemos estado muy acuciosos, monitoreando en ciertos mercados en los que consideremos que pudo haber alguna conducta anticompetitiva para compra pública, uno que otro abuso de poder de mercado. Hemos iniciado investigaciones que están en reserva. En prácticas desleales tenemos 27 investigaciones, en abuso por poder de mercado tenemos 11, por prácticas restrictivas, 12. Es un reto importante.

¿Cómo ha evolucionado la concentración económica en los últimos años en el país?
Antes de expedirse la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011), no había un control de concentraciones y evidentemente la tendencia era alta. Ahora hay un régimen de control, esto es importante porque hay un efecto preventivo y se visualiza cuál podría ser el comportamiento de los diferentes actores. Hay un antes y un después de la aplicación de la ley y esto ha favorecido la competencia. La concentración en sí misma no es mala ni tampoco se castiga el poder de mercado, sino las actuaciones nocivas en las que pueda incurrir un operador. El poder de mercado posibilita a desarrollarse e innovar, pero también conlleva una responsabilidad para no perjudicar a otros actores.

¿En cuáles casos la Superintendencia debe ejercer un mayor control?
En aquellos en donde hay mayor concentración económica y operadores con poder de mercado, que eventualmente pueda reforzarse con actos societarios. El poder de mercado no es malo, pero si la cuota es alta, hay que mirar más. Existen metodologías internacionales para esto.

Se ha hablado que podría llegar inversión al país desde Colombia y Perú, por el comportamiento de esos mercados. ¿Estamos preparados?
Cualquier inversión que llegue al país es bienvenida. Pero es imperiosa la necesidad de que haya seguridad jurídica. Si no podemos garantizarla, probablemente no todas esas inversiones puedan aterrizar en el país. En el caso nuestro hemos hecho reformas normativas, para atender las autorizaciones. Es fundamental una mejora regulatoria. Tenemos que tener una legislación que invite e incentive a inversionistas nacionales y extranjeros.

HOJA DE VIDA 

Formación. Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista en Liderazgo, manejo y métodos alternativos de solución de conflictos.

Experiencia. En el sector público se ha desempeñado como Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; Intendente de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, entidad que lidera desde noviembre del 2018. En el sector privado, trabajó para organizaciones como Corpei, Fedexpor, Corporación de Estudios Decide, entre otras.