Ecuador tiene por primera vez una cuantificación científica del impacto que genera la violencia contra las mujeres en la economía ecuatoriana.

Arístides A. Vara-Horna, quien participó en el desarrollo de los estudios, indica que la violencia contra las mujeres significa cada año una pérdida, en promedio, de USD 4 608 millones para la economía de Ecuador, los cuales representan el 4,28% del PIB.

Estos costos contemplan solo la violencia producida por la pareja o expareja; es decir, no se tomaron en cuenta otras agresiones, como por ejemplo el acoso sexual o el hostigamiento callejero.

Los resultados generales, que recientemente fueron difundidos, se obtuvieron de cuatro estudios realizados entre 2017 y 2019.
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Las encuestas se realizaron en los microemprendimientos, las empresas grandes y medianas y los hogares y se contabilizó el gasto que destina el Estado para dar atención a las mujeres agredidas. Se encontró que la violencia psicológica y económica es mucho más alta que la física y sexual.

“Esos estudios en conjunto nos han permitido tener una fotografía de cómo está afectando la violencia a la economía de Ecuador”, indica el investigador de la Universidad San Martín de Porres, de Perú. En total se analizaron los casos de casi 26 000 mujeres encuestadas en los cuatro estudios.

Este trabajo fue desarrollado por el Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la agencia GIZ, de la Cooperación Alemana, con la Universidad San Martín de Porres y el Estado ecuatoriano.

Las agresiones se traducen en productividad perdida, dice Vara-Horna. Las mujeres dejan de trabajar, disminuyen su rendimiento, faltan al trabajo o llegan tarde. Como consecuencia, disminuyen sus ingresos y afectan a la productividad de las empresas.

Por ejemplo, las mujeres que tienen sus negocios propios pierden, en promedio, USD 20 por cada 100 que venden; eso las descapitaliza.

Las mujeres que trabajan para empresas pierden USD 21 por cada 100; mientras que las amas de casa pierden casi el 17% de su tiempo, que pudieron dedicar a sus quehaceres del hogar, sus hijos o a generar un tipo de trabajo.

El investigador peruano explica que se hicieron estos estudios de costos para visibilizar una realidad que está muy presente, pero que es subestimada.

La violencia es vista como algo propio de la pareja, algo privado, que no hay que meterse, “pero no es así, ya que es un problema de desarrollo, de salud pública y de política pública, porque afecta al desarrollo de todos los pueblos”, enfatiza. Además, también es un problema de derechos.

También encontraron que en 2017 el Gobierno gastó USD 75 millones y casi todo fue para sancionar a los agresores y solo 1 millón se destinó para la prevención, es decir, solo un 1,7%.

El presupuesto es bajo, pese a que el país tiene la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2018 y su reglamento. Según el investigador, es una de las más avanzadas de la región, pero no se ejecuta.

Sara Yánez, presidenta de la Red Nacional de Apoyo a la Mujer Ecuatoriana, cuenta que la ley no se aplica y eso repercute en la pérdida de negocios para las mujeres.

Durante la pandemia, las mujeres perdieron emprendimientos de venta de mascarillas o insumos de bioseguridad, porque los esposos les impidieron trabajar.

Los estudios
La muestra contempló a 35 empresas grandes y medianas y más de 11 000 encuestas a sus trabajadoras. Estas son de los sectores del comercio, manufactura, servicios, construcción, entre otros.

Se analizaron los casos de casi 3 800 mujeres a escala nacional, que son dueñas de negocios pequeños.

Los investigadores entrevistaron y visitaron a más de 2 500 hogares de todas las provincias del país.