Los negocios siempre le gustaron a María Teresa Puga. Hace 20 años, cuando se fue a vivir de Ibarra a Guayaquil con toda su familia, invirtió en una pequeña panadería: Pan Ambateño.

Con los ingresos mantenía a sus cinco hijos hasta que su exesposo, tras el divorcio, le quitó el negocio; solo lo tuvo cinco años.

Verónica Cortez tampoco tuvo suerte. Dejó de trabajar durante un año. En 2017 estudió para certificarse como consultora de porteo ergonómico, como se llama al sistema de transporte de los bebés, que lo hacen -generalmente- las mamás. Cuando iba a emprender, ella y sus hijas tuvieron una fuerte crisis, por la violencia y abuso sexual de su pareja.

Amparo Cuaical y 60 mujeres más habían fracasado en casi todas las iniciativas de negocios que habían creado, porque sus esposos o parejas no les permitían trabajar o las maltrataban.

Esa violencia genera pérdidas económicas no solo a estas mujeres, sino a todas las ecuatorianas. Un estudio revela, por primera vez, que este problema de salud pública ocasiona cada año, en promedio, una pérdida de USD 4 608 millones a la economía nacional y representa el 4,28% del PIB.

Lo dice Arístides A. Vara-Horna, quien participó en el desarrollo de los estudios sobre los costos económicos de la violencia contra las mujeres en el país, que realizó el Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la agencia GIZ, de la Cooperación Alemana.

Ese impacto económico fue medido en los hogares, microempresas, empresas grandes y medianas y en el gasto que hace el Estado.

Los casos de Puga, Cortez y Cuaical evidencian esas pérdidas económicas. Al quedarse sin trabajo, Puga puso en marcha su sueño: confeccionar ropa. Empezó con una máquina de coser, donde al principio elaboraba sábanas, luego hacía pijamas y desde hace ocho años fabrica la ropa para los almacenes Súper-Éxito, después de que su dueño, José Izquierdo, le diera una oportunidad.

En su taller confecciona semanalmente 1 000 prendas, pero esa cantidad aumenta en la época de clases o la temporada navideña.

Como su emprendimiento ha crecido se trasladaron de Guayaquil al sitio Laurel, en la vía a Salitre. Ahí da trabajo a siete personas: seis mujeres y un hombre. En dos semanas presentará su línea de ropa, cuya producción se hace bajo pedido. Invirtió USD 4 000.

Tras casi superar su crisis, Cortez, quien vive en Guayaquil, creó su marca de portabebés llamada Upa Wawa. Se compró unas máquinas de coser y desde finales de 2019 se dedica a la confección de esta prenda, junto a tres personas, incluidas sus dos hijas. Este año se reactivaron y durante marzo y abril fabricaron y vendieron entre 12 y 15 portabebés por mes. Las ventas se hicieron a Loja, Cuenca, Quito y Machala.

Para dar un enfoque social a su emprendimiento desarrolló el proyecto Madres Sin Fronteras, para entregar portabebés a las mujeres migrantes venezolanas y colombianas, y a las madres ecuatorianas que migran de una ciudad a otra. Lo hizo con ayuda del Comité Permanente de Derechos Humanos y espera crear una fundación para que su idea se replique en Latinoamérica.

En el sur de Quito, en Chillogallo, el emprendimiento de Cuaical y las socias del Centro Femenino 8 de Marzo es un centro médico, que da los servicios de odontología, medicina general, ginecología, psicología y laboratorio.

De esa manera generan ingresos económicos para las integrantes que habían perdido sus negocios, por la violencia de sus esposos; y también para atender a las mujeres y familias de esa parroquia.

El Centro Médico 8 de Marzo funciona desde hace 25 años. Actualmente se atiende a 25 pacientes diarios, pero antes de la pandemia era el doble. Cada consulta cuesta USD 6, de los que el 50% va para el centro y 50% es para el médico. Cinco de las 17 socias que quedan ahora trabajan como auxiliares y reciben una bonificación mensual y otros haberes.