El entorno legal al que se someten las empresas en el país, es analizado por Mauricio Ramírez, decano de la facultad de Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Ramírez comenta que es positivo que se establezcan regulaciones que favorezcan los derechos laborales. Sin embargo, el especialista aclara que al elaborar leyes concernientes a la gestión en las compañías, no se debe partir de la premisa que todos los empresarios son deshonestos.

¿La legislación para el desempeño empresarial está de acuerdo con la realidad productiva?

El Código de la Producción es un referente del antes y después en materia de legislación empresarial. Lo que busca el Gobierno es crear mecanismos para ordenar e incentivar la actividad productiva del país. Esto debido a que las mismas autoridades se dieron cuenta que no habrá sostenibilidad si no está acompañada por el sector privado. Luego aparece el reglamento del Código que regula los incentivos para la producción. Sin embargo, tomando en cuenta estos cambios, los avances aún son modestos.

¿Por qué?

Aún no existe un entorno legal integral que estimule al sector privado. En el caso del Código de la Producción, todavía no están establecidos los reglamentos, los procedimientos que se deben seguir. Por ejemplo, en la constitución de las nuevas compañías. Falta claridad para aplicar los incentivos.

¿Es una cuestión de confianza en el sistema?

Podemos creer en la intencionalidad cuando existan las herramientas necesarias para aplicarlas. Si esto ocurre se crea un escenario ganador a partir del Código. Pero si no se ven los procedimientos para acogerse a los beneficios, los empresarios se abstienen.

¿La nueva Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales refuerza la visión del Gobierno en los aspectos empresariales?

Es positivo que exista una regulación y control sobre los derechos laborales. Los que teníamos eran insuficientes. Sin embargo, debe haber un tratamiento equivalente y proporcionado tanto para las personas naturales como para las jurídicas. Algo que preocupa a los empresarios es que existan sanciones de tipo penal contra los representantes de las empresas.

¿Esto es positivo o negativo?

Es negativo porque indica un contrasentido. Por un lado, el Código de Producción busca estimular la inversión productiva, en cambio, esta otra Ley busca sancionar drásticamente al empresario. Avanzamos hacia una nueva regulación social pero con un enfoque punitivo.

Existen empresas que no afilian a sus empleados. ¿Cuál es el punto de equilibrio?

Le respondo con algo concreto. Ayer (martes 31 de julio) el presidente de la Asamblea Nacional (Fernando Cordero) presentó una propuesta para mejorar ese vacío. Él agregó (a la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales), un inciso por el cual se permite que se haga una afiliación extemporánea y retroactiva. Es decir que hayan transcurrido hasta seis meses en que el empleador pueda hacer la afiliación retroactivamente sin pagar multa. Solo pagando los intereses que le correspondería haber pagado al IESS.

¿Deben hacerse ese tipo de medidas?

Es lógico, esas son las medidas conciliatorias que deben realizarse para avanzar en los temas sociales. Porque no podemos partir de la premisa que todos los empresarios son malos.

En el proyecto de Código Orgánico Penal Integral (COPI) se incluyen ámbitos que inciden en el desempeño empresarial y se establecen responsabilidades penales. ¿Cómo afecta esto a la gestión empresarial?

Pienso que se está recargando la mano a las empresas partiendo de la premisa de que los empresarios son tramposos, que hay que perseguirlos, confiscar sus propiedades o mandarlos presos. Este no es el enfoque correcto si queremos tener una visión de largo plazo. En términos de generación de nuevos negocios o más plazas de trabajo, tenemos que converger, mas no ir en direcciones contrarias.

¿Cuáles serán las implicaciones en el momento en que se ejecute la Ley?

Lo que podría ocurrir en el corto plazo es que los empresarios que estaban desordenados van a ponerse al día en cuestiones relacionadas a las afiliaciones presentes o retroactivas. El tema es que también pueden darse, eventualmente, casos en que la autoridad se extralimite al aplicar la normativa y ponga en riesgo la libertad de un empresario. En el caso del COPI, la prisión definitivamente está mal. En Latinoamérica, la legislación empresarial no es punitiva, pero sí se establecen contravenciones.

¿Con la designación del Superintendente de Control del Poder de Mercado?

Con el nombramiento del ex ministro Páez veo una posibilidad única de institucionalizar, no la ley antimonopolio, sino el ordenamiento sano y sostenible de la competencia en el mercado ecuatoriano.

ACERCA DE MAURICIO  RAMÍREZ

En la cátedra cuenta con 10 años de experiencia 

La formación. Obtuvo una  maestría en negocios en la Universidad de Tulane en   Nueva Orleans (EE.UU.).
Otros estudios. Actualmente está cursando un  doctorado en  la Universidad de Nebrija (España).  
La experiencia.  Tiene 25 años en la actividad empresarial y 10 en la cátedra.