No hay plan de Responsabilidad Social que pueda sostenerse en el tiempo si no aporta un beneficio a la organización. Esto se vio reflejado cuando en una encuesta realizada en el 2016 por la consultora Deloitte solo un 16% de las empresas participantes destinó un porcentaje de su presupuesto anual a proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

En la década pasada se multiplicaron los rankings y reconocimientos a las buenas prácticas en este ámbito, lo cual derivó en maravillosos reportes -también conocidos como memorias- en ediciones a todo lujo. Las asesorías facturaban decenas de miles de dólares en trabajo de acompañamiento, levantamiento de indicadores, edición y difusión de estos documentos.

Pero tal como explicaba ya en el 2014 Hugo Vergara, director de BSD Consulting, el reporte no es sino el resultado, la comunicación de un trabajo impulsado y aprobado desde la alta dirección. Y solo tiene su razón de ser si se convierte en una herramienta para que los grupos de interés puedan verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada organización.

Global Reporting Initiative (GRI), entidad con sede en Holanda que coordina y actualiza el reporte de indicadores de gestión en términos de sostenibilidad, también evolucionó en este sentido. Si hace cinco años los responsables de los procesos de responsabilidad social se preocupaban por obtener una certificación con nivel B+ o en el mejor de los casos A+, desde mayo del 2018 proponen la aplicación de sus nuevos estándares, principalmente enfocados en el enfoque de gestión y en los resultados obtenidos del mismo.

Las orientaciones en otras normas internacionales que sirven como guías para el fomento de la responsabilidad social apuntan a lo mismo: la norma ISO 26000, la SA8000 y la AA1000. Todas mantienen la orientación a una operación preocupada por el entorno, sin que esto merme su rentabilidad.

Si bien en Ecuador no existe una legislación nacional específica sobre el tema, tal como ocurre en países como España, la necesidad de impulsar, mantener y comunicar procesos de responsabilidad social ya empieza a manifestarse en ámbitos como el acuerdo comercial con la Unión Europea. Los países del bloque comunitario tienen claras preferencias a hacer negocios e importar productos de empresas socialmente responsables.

Evangelina Gómez, directora ejecutiva de Ceres, afirma que en el país todavía no existe una selectividad para preferir lo que se produce, por ejemplo, respetando la biodiversidad por sobre lo que es más barato.

Pero lo que sí es cierto es que, a escala global, la generación de los milenials empieza a inclinarse hacia lo que se denomina “el consumo con causa”. En Estados Unidos y Europa, y en forma un poco más lenta en Latinoamérica, los sellos de comida orgánica, sin transgénicos, producida bajo normas de comercio justo, aumentan sus adeptos y muestran que, con una buena gestión, la sostenibilidad sí es rentable.