Holanda y Dinamarca tienen los mejores sistemas de pensiones del mundo. Estos dos países europeos lideran el Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer, presentado a escala global a finales de octubre.

En el podio de este ‘ranking’ ambos obtuvieron una calificación A por el nivel de seguridad financiera brindado en la jubilación de su población. Australia completó el podio con una calificación de B+.

Entre los países latinoamericanos se destacan Chile con calificación B, así como Perú, Colombia y Brasil, los tres con calificación C.

La encuesta de 37 naciones, que abarca casi dos tercios de la población mundial, utiliza 40 métricas para evaluar si un sistema conduce a mejores resultados financieros para los jubilados, si es sostenible y si tiene la confianza de la comunidad.

En Holanda la mayoría de los trabajadores se beneficia de los planes de beneficios definidos basados en los ingresos promedio de por vida. El Reino Unido y Estados Unidos obtuvieron una calificación de C+, llegando en el puesto 14 y 16, respectivamente. Estas dos naciones podrían aumentar sus puntajes en el ranking al aumentar la pensión mínima para los pensionistas de bajos ingresos, según el informe.

El estudio se produce en medio de una coyuntura muy particular: los formuladores de políticas públicas sobre jubilación lidian hoy en día con más personas que ingresan a la jubilación, viven más y necesitan un flujo constante de ingresos para sobrevivir.

El reto es mayor dado que la ONU pronostica que casi una quinta parte de la población mundial tendrá la edad de jubilación para 2070, frente al 9% de este año.

“Los sistemas de todo el mundo enfrentan una expectativa de vida sin precedentes y una presión creciente sobre los recursos públicos para apoyar la salud y el bienestar de los ciudadanos mayores”, asegura David Knox, autor del informe y socio principal de Mercer. “Es imperativo que los formuladores de políticas reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar resultados más sólidos a largo plazo para los jubilados del futuro”.

En Ecuador y la región la situación de los sistemas de pensiones es desafiante. El caso más notorio en la actualidad es el de Chile, que paradójicamente está en el top ten del Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer.

El sistema de pensiones instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con un esquema privatizado y basado en la capitalización individual, es uno de los mayores reclamos en las masivas manifestaciones registradas en las últimas dos semanas en Chile.

Cada trabajador chileno aporta un 10% mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP son empresas privadas que invierten en los mercados en busca de rentabilidad. Es obligatorio estar afiliado a una de ellas y en la actualidad existen seis.

La cuantía de la pensión se actualiza cada año, va disminuyendo con el tiempo y depende del saldo de su cuenta individual y de otros parámetros como la expectativa de vida del afiliado. El promedio de la pensión mensual pagada en agosto por las AFP fue de unos USD 220: el salario mínimo chileno, que está en USD 422.

En el 2016, la plataforma ‘No + más AFP’ comenzó una serie de fuertes protestas contra el sistema de pensiones de capitalización individual. Allí se critica que las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados, que reciben mucho menos dinero del que ganaban cuando trabajaban.

En la región no existe un modelo único

Redacción Quito (I)  
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Al finalizar la vida laboral, el trabajador pasa a mantenerse, generalmente, con las pensiones que recibe por su jubilación. En la región se encuentran sistemas previsionales variados, sean públicos, privados o mixtos.

Las composición de los aportes también es diversa, pueden venir exclusivamente del trabajador, pero también hay modelos con contribuciones de los empleadores y del Estado.

Sus distintas características hacen que en algunos países el dinero de la pensión sea diametralmente inferior a la remuneración promedio percibida por el trabajador. En otros, la tasa de reemplazo es más elevada, pero a costa de subsidios estatales que pueden complicar el déficit.

Un estudio elaborado por Augusto de la Torre y Heinz R. Rudolph, que analiza el estado de los sistemas de pensiones en la región, concluye que los problemas varían según el país y dependen no solamente del diseño del sistema sino también, y en gran medida, de la estructura y funcionamiento de los mercados laborales subyacentes.

Los problemas más notorios son la baja cobertura y una acumulación insuficiente de ahorros. Estos inconvenientes son aún más graves en países cuyos mercados laborales están afectados por un alto grado de informalidad, suscriben los autores.

En Ecuador, el sistema está a cargo exclusivamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Constitución prohíbe la participación de entidades privadas, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Patricia Borja, experta en seguridad social, señala que ante la crítica situación del IESS -más el incremento de la esperanza de vida y otros factores-, conviene considerar nuevos modelos que involucren al sector privado.

La ampliación del sistema de forma técnica es un desafío. Solo 29,5 de cada 100 personas con empleo estaban cubiertos con el seguro general del IESS, según datos a septiembre pasado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras tanto, 59 de cada 100 no tenían ninguna afiliación. Y solo 11,5% de la población tiene cobertura de un seguro privado. Actualmente, 7,7 afiliados aportan para pagar la pensión de cada jubilado, pero en el año 2055 solo 3,8 aportantes lo harán y eso no será suficiente.

Detalles
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Modelos. De la Torre y Rudolph identifican a dos grandes grupos de modelos de sistemas en la región: pensiones contributivas (financiadas con contribuciones específicamente destinadas al sistema) y pensiones no-contributivas (financiadas a través de la recaudación tributaria general—IVA, impuesto a la renta, etc.).

IESS. La entidad tiene un portafolio de inversiones que llega a USD 19 000 millones. Sin embargo, de ese monto solo USD 6 700 millones son para cubrir las pensiones jubilares.