Francisco Cortez, profesor de Finanzas en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) analiza la propuesta de los países del G7, para aplicar un impuesto a los beneficios de las multinacionales. El objetivo es que esas corporaciones tributen donde generan ingresos.

¿En qué consiste el impuesto mínimo global acordado por los ministros del G7?
Es una tasa corporativa que pretende establecer un mínimo a las grandes multinacionales. Esto supone un paso para que estas compañías, sobre todo las tecnológicas, paguen donde realmente generan ingresos. Actualmente, las multinacionales eligen el país dónde tributar y son aquellos con tributación muy laxa, por debajo incluso del 10% en el impuesto corporativo. Esta tasa sería de un 15% sobre los beneficios generados en determinado país. Aún no es una norma, el G7 no tiene capacidad normativa, pero es un paso gigante hacia una nueva redistribución de la riqueza a nivel global. Van a proponerlo al G20 y a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a partir de allí ya tendrá cierto carácter vinculante para las legislaciones nacionales.

¿Cuál es el principal objetivo de establecer un mínimo al impuesto de sociedades?
Uno de sus principales objetivos es evitar la elusión fiscal, porque estas empresas, como Google, no tienen ubicación en muchos países, pero sí, ingresos; con este mecanismo tendrán que tributar como mínimo ese 15% en el país donde generen ingresos. Generalmente, estas compañías eligen su sede fiscal en paraísos fiscales: Irlanda, Suiza, Luxemburgo, etc.

¿Cómo evalúa este impuesto mínimo?
Si bien supone un paso gigante porque se ponen de acuerdo las siete economías más importantes del mundo, el problema que veo es que este 15% acabe convirtiéndose en un máximo. Ahora mismo, las legislaciones fiscales que quieren ser más competitivas están intentando igualarse a la baja en la tributación del impuesto de beneficio. El miedo que hay es que al ya estar cubierto ese mínimo todos los países intenten llegar allí, cuando tienen una fiscalidad mucho mayor (20, 25, 30%) en el impuesto de sociedades o de beneficios. Un 15% es insuficiente para países con importantes gastos y para perseguir los objetivos de esta medida: una mayor redistribución de la renta mundial. Hay que seguir avanzando para buscar una mayor equivalencia fiscal entre los países, sobre todo en la lucha contra los paraísos fiscales.

¿Cómo se cobrará en los países donde no tienen sede las empresas, pero sí operan y obtienen ganancias?
Hay países con sistemas tributarios muy avanzados que tienen mecanismos suficientes para recaudar ese impuesto, pero hay otros que no, y tendrán que generar ese mecanismo. Las legislaciones fiscales nacionales tendrán que adaptarse.

¿Cómo impactará esto a los países de Latinoamérica?
Creo que va a ser muy positivo, pero el problema de muchos países de la región es que tienen unos sistemas impositivos a los que les queda mucho recorrido. Hay mucha economía informal y más dificultades para establecer mecanismos recaudatorios.

¿Cómo evalúa el impacto para Ecuador?
Puede ser una gran oportunidad para mejorar el sistema fiscal. No se trata de un nuevo impuesto, es el que ya existe (en Ecuador, Impuesto a la Renta para sociedades), pero con una tasa mínima de un 15%. La medida impactará en muchos frentes, por un lado a nivel recaudatorio, pero también desde el punto de vista de las inversiones puede ser un incentivo, si antes una empresa no invertía en Ecuador porque su tributación no le beneficiaba, ahora va a pagar un 15% en todos lados y le dará igual invertir en un país de la región que en otro.

De aprobarse este mínimo, ¿qué pasaría con las tasas digitales que se han impulsado en países europeos?
Creo que se eliminarían porque ya no tendrían sentido. Las empresas tecnológicas también tienen cierto interés de que se apruebe este mecanismo, porque están viendo que se están enfrentando a una multitud de tasas y de impuestos nuevos en diferentes países, para contrarrestar el efecto de que no pagan el impuesto de sociedades por la deslocalización fiscal. El que exista este mínimo en el impuesto de beneficio hará que muchos de los países se replanteen no generar tasas digitales. Este impuesto es más fácil de calcular, más fiscalizable y controlable que las tasas digitales. Va a ser un mecanismo homogenizador para estas empresas. Esto también obligará a los paraísos fiscales a elevar sus tasas impositivas.

¿En qué otros sectores, además del tecnológico, podrá verse reflejado el impuesto?
Va orientado a las empresas de transformación digital, porque son las que pueden funcionar en un país sin sede; pero por extensión va dirigido a las grandes corporaciones, sobre todo a las multinacionales, que tienen capacidad para deslocalizarse fiscalmente y pagar pocos impuestos. Estamos en un proceso de transformación digital global y la tecnología es un fenómeno transversal, no hay un sector que escape a ella, prácticamente todos se verán afectados.

¿Por qué se adopta esta decisión ahora?
La pandemia ha puesto en evidencia los efectos negativos de la globalización. Los países se han dado cuenta de que es un momento idóneo para tomar medidas globales contra esos efectos, entre ellos la deslocalización fiscal de las empresas tecnológicas. El gran reto de las economías de todo el mundo es la distribución de la riqueza. Un país que no redistribuye su riqueza, no crece. Por otro lado, muchos países no están acometiendo la transición ecológica, el cambio de paradigma tecnológico y el modelo productivo, para adaptarlo a los requerimientos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El que obtenga más recursos fiscales a través de este impuesto también tendrá oportunidades para hacer la transición ecológica.

Tras esta decisión, ¿cuál será el impacto que se puede dar en los paraísos fiscales?
Indudablemente, negativo, porque tendrán que incrementar sus tasas. Es un paso valiente para contrarrestar el efecto de los paraísos fiscales, pero faltan más medidas. La clave de todo esto es intentar evitar estructuras financieras de empresas que no tributen en ningún sitio.

¿Cuándo podrá verse materializado este nuevo impuesto? ¿Qué pasos faltarían?
Todavía falta. Se puede llevar mínimo cinco años, ahora mismo está solo a nivel político y muy reducido, ya se ha conseguido el consenso de los países más industrializados del mundo. Falta un paso importante, que es el G20; que tiene un poder más coactivo para ponerlo en marcha. El paso siguiente sería la OCDE. Luego de un consenso político deberá traducirse a la legislación de cada país. Acá hay muchos intereses y los de las empresas tecnológicas están muy por encima que los de los propios países.

  Hoja de vida

Formación. Doctor en Economía y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia académica. Profesor de finanzas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ha sido profesor e investigador en universidades de distintos países en las áreas de economía, economía de la empresa y marketing. Ha publicado diversos libros y artículos científicos.

Otras áreas. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el sector bancario y ha colaborado en proyectos de consultoría de diferentes organismos multilaterales. También ha participado en política.
​