Minería, electricidad, petróleo e industrias básicas son los sectores estratégicos en los que el Gobierno concentra su trabajo, para atraer inversión privada a través de distintos proyectos.

Las leyes y reglamentos de Minería y Electricidad son las plataformas para conseguir los recursos, pero a ello se sumará la Ley de Alianza Público - Privada y la introducción de nuevos modelos contractuales, de acuerdo con la visión de los ministros de Estado.

Solo para estos cuatro sectores, el Régimen tiene un catálogo de 88 proyectos por montos de inversiones cercanos a USD 20 000 millones para los próximo años.

Este catálogo de inversiones fue presentado la semana pasada en el Hotel Marriott de Quito. La mayor expectativa se concentra en el área minera, indicó el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda. Y no solo porque “hay una docena de compañías interesadas en las 25 nuevas áreas que saldrán a subasta en el primer trimestre del 2016”, sino porque ya hay inversión en firme dentro del sector, por parte de dos firmas privadas.

El ministro de Minería, Javier Córdoba, explica que para los proyectos de cobre, Mirador, y de oro, Fruta del Norte, se espera una inversión que bordea los USD 720 millones entre este año y el próximo, de parte de las empresas Ecuacorriente de China y Lundin de Suecia y Canadá.
Ambos son los proyectos de mayores reservas probadas en el país y en los próximos años se convertirán en las primeras minas a gran escala en producción en Ecuador.

El presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochtein, dice que este año se han perforado en Fruta del Norte 12 000 metros de testigos (muestras de roca), para la actualización del estudio de factibilidad del proyecto.

Para el segundo trimestre del 2016 se tiene previsto entregar el estudio al Ministerio de Minería y pasar a la fase de explotación.

Hasta finales de año se habrá tenido una inversión de USD 60 millones en campo, indica Hochtein, quien añadió que paralelamente ya se negocia el contrato de explotación e inversión con el Gobierno. Se espera tener un acuerdo en términos generales para finales del año, afirma el ejecutivo.

Hochtein calcula que la construcción de la mina subterránea en Fruta del Norte tendrá un inversión de entre USD 750 millones y 850 millones. Además de concluir con la factibilidad, en el 2016, Lundin tiene el desafío de levantar capital para el proyecto a fin de ponerlo en marcha.
Córdoba señala además que en el sector se espera hacer la reforma del reglamento de asignación de áreas, para entregar las primeras concesiones dentro de las 25 áreas mineras subastadas.

Un segundo sector que busca inversión es el eléctrico.

El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, destaca que entre los principales proyectos con estudios avanzados se encuentran las hidroeléctricas Cardenillo, Santiago, Chontal y Chespi.

Aunque para el próximo año se espera una oferta abundante de energía -por la entrada en operación de las nuevas centrales hidroeléctricas-, Albornoz sostiene que ya se piensa en nuevos proyectos, debido a un esperado incremento de demanda.

Pero estos planes vendrán de la mano de nuevas figuras de contratación, como las concesiones que fueron aprobadas en la nueva Ley Eléctrica el año pasado.

“Podemos entregar una concesión a un privado o Celec podría contratar la construcción y la operación de la central por un tiempo determinado”, indica Albornoz.

También se busca inversión en el sector petrolero, para lo cual se diseña desde la Secretaría de Hidrocarburos un nuevo modelo de contrato para la exploración.

Poveda destaca que el primer trimestre del 2016 se lanzará una ronda de licitaciones del Suroriente bajo este nuevo modelo. “De igual manera se tienen avances en estudios de industrias básicas de aluminio y cobre”, dice.

Recursos 

El Gobierno introduce nuevas figuras y modelos de contratación para atraer inversiones en minería, petróleo, electricidad e industrias básicas. Empresas mineras como Lundin Gold esperan cerrar las negociación de sus contratos para la explotación de oro en Zamora.

Beneficios fiscales de la Ley buscan atraer a los inversionistas

Con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas se generan mayores posibilidades para atraer las inversiones en diferentes áreas.

El objetivo de la norma es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra. Los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc., para lo cual contarán con beneficios tributarios. Los sectores en los cuales pueden invertir son vialidad, puertos, aeropuertos, construcción de viviendas de interés social, etc.

Esto atrajo a representantes de sectores como el de la construcción porque creen que pueden apuntar a estos últimos proyectos. Henry Yandún, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, señaló que los grandes proyectos en el sector, públicos y privados, se encuentran casi paralizados por las condiciones económicas, de ahí que el desarrollo de estas obras podría dar cierta dinámica a quienes se dediquen a las mismas.

Otro de los beneficios que trae la normativa, con el fin de que las inversiones puedan realizarse de manera más ágil, es la simplificación de procesos y procedimientos. El Ejecutivo puede simplificar trámites vía decreto; lo propio los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Durante el debate de la Ley el sector privado pidió que se abra la posibilidad de que puedan invertir en sectores estratégicos, pero esta no se concretó.

Para legisladores como Patricio Donoso (Creo), con trayectoria empresarial, lo anterior es una de las debilidades de la Ley porque es en dichas áreas en las que pueden llegar grandes inversiones con capitales fuertes. Lo que rescata es que, al final del día, se dio la posibilidad para que se realicen inversiones en energía.

Yandún rescata esa opción porque, según él, volverá a dar dinámica a la obra pública; lo mismo en el desarrollo de proyectos de infraestructura, vialidad, puertos y aeropuertos a escala nacional. “Todas las inversiones comenzarán, de concretarse, a visibilizarse en unos dos a tres años. Para agilitar a la construcción, por ejemplo, considero que podrían firmarse convenios con el Estado o el IESS para usar de forma inmediata terrenos que no están siendo utilizados ”.

El empresario también destacó la inclusión de un inciso que determina que en los proyectos, en el marco de la Ley, se debe tomar en cuenta el componente y el talento humano nacional. Lo que pide es que el Comité Interinstitucional determine las cantidades.

Legisladores de la oposición cercanos al sector empresarial consideran como un freno a las inversiones el hecho de que los empresarios no hayan sido incorporados dentro del Comité Interinstitucional para la gestión de las APP. “Es necesario que participe en esta instancia la contraparte, que pone el capital y el riesgo”, manifestó Donoso en el Pleno.

Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, si bien la Ley incorpora incentivos tributarios para beneficiar a los inversionistas, también crea desconfianza entre los empresarios.

Esto porque en el caso que se genere una controversia solo se puede resolver el tema en instancias latinoamericanas. “Un inversionista de Arabia Saudita, por ejemplo, no va a querer resolver una controversia en un tribunal latinoamericano, sino en otra parte. Podría ser en París. Además, la Ley no atrae la inversión por sí sola porque hay otros factores que impactan en el inversionista como el dato del riesgo país”, asegura Alarcón.

Para este empresario, a nivel del sector privado, nacional e internacional también se genera incertidumbre debido a que no hay una estrategia del Régimen para enfrentar la crisis.

La construcción es prioritaria en el modelo de alianzas

Carreteras, vivienda y puertos, se podrían ejecutar en modelo de alianza público-privada. Foto: Archivo/ Líderes

El sector de la construcción, que ha sido uno de los más afectados este 2015 con la desaceleración económica en el país, tiene en la Ley de Asociaciones Público Privadas un catalizador para reactivarse.

Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, menciona que esta ley que busca incentivar las inversiones del sector privado en proyectos nuevos, tendrá una incidencia importante en la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y hospitales.

“Hay oportunidades muy grandes en las prefecturas y Gobiernos Autónomos y Descentralizados, porque hay muchas obras de infraestructura que pueden calificar en el marco de esta ley. La implementación de los proyectos demanda mano de obra y desde ese momento mueve la economía; sí se pueden ver resultados en el corto plazo”, explica.

No obstante, Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, considera que aunque la ley es importante, no se podría hablar de resultados en esta área en el corto plazo. “Revisando la experiencia internacional, en el tiempo que el empresario identifica la oportunidad, toma la decisión, estructura una propuesta y esta es aprobada, puede irse un año y medio”, indicó.

La construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil y la construcción del nuevo puerto en Puerto Bolívar (El Oro), son algunos de los proyectos que Pita menciona como los más factibles de realizarse bajo el modelo público privado que propone esta nueva normativa.

En una de las primeras presentaciones del proyecto de ley, que realizó la exministra coordinadora de Producción, Nathalie Cely, a los gremios empresariales el pasado 17 de septiembre en Guayaquil, se mencionó que ya existe un primer portafolio de proyectos que se podrían ejecutar en alianza público privada, con base en estudios previos ya realizados.
Entre estos, el puerto en Puerto Bolívar, con una inversión por 3 años de USD 212 millones; que estaría a cargo de la empresa turca Yilport.

Además del puerto de aguas profundas en Posorja (Guayas), que requeriría una inversión de USD 358 millones por tres años, que podría ser ejecutada por la empresa DP World, de Emiratos Árabes.

En carreteras, en cambio, el portafolio presentado por Cely bordea inversiones por unos USD 1 800 millones. Entre ellas, una carretera de 146 km en la vía Santo Domingo-Quevedo, y una de 175 km en la vía Santo Domingo-Esmeraldas.

Pero además de infraestructura vial, Pita menciona que la vivienda también tiene potencial en alianzas público privada.

“El Gobierno, al tener grandes cantidades de tierra, bien puede trabajar en conjunto con el sector privado para construir proyectos de habitacionales”, señala.

En el portafolio presentado por Cely, se incluyó un proyecto de “Ciudad del Milenio” con 1 900 viviendas, que se ejecutaría en Quito con una inversión de USD 1 013 millones, en un periodo de alianza público privada de 8 años.

Kronfle añade que aunque la intención de la ley es incentivar los proyectos priorizados de obra de infraestructura que requiere el Gobierno, “se dejó la posibilidad que existan proyectos que proponga el sector privado al comité interinstitucional. Ahí podrían venir propuestas en el área de salud, depende de la calificación por parte del comité”, asevera.

Los empresarios, sin embargo, cuestionan que en la ley se haya incluido la posibilidad de simplificar tramitología mediante Decreto Ejecutivo. “Eso genera la percepción de incertidumbre jurídica para los inversionistas”, dice Kronfle.

Proyectos 

La agenda del Gobierno contempla un primer portafolio de obras de gran infraestructura, enfocada en puertos y carreteras