El 2022 será el año del impulso de la actividad minera ecuatoriana, con el avance de cinco nuevos proyectos a las siguientes fases y la consolidación de la producción de Fruta del Norte y Mirador, las dos minas a gran escala del país.

El Gobierno estableció que cinco proyectos, en la etapa de exploración avanzada, tienen prioridad para desarrollar esta industria.

Se trata de Loma Larga, en Azuay; Curipamba, en Bolívar; La Plata, en Cotopaxi; Cascabel en Imbabura; y Cangrejos, en El Oro.

La proyección es que el primero inicie la construcción de su mina, cuando la empresa concesionaria Dundee Precious Metals termine los estudios de factibilidad. Loma Larga tiene oro, plata y cobre.

Toachi Mining Corporation pudiera empezar las obras en La Plata en 2023, con una inversión de USD 70 millones. En este yacimiento hay concentraciones de cobre, zinc, plomo, plata y oro.

Los siguientes serían Curipamba, que tiene oro, cobre y zinc; Cangrejos, oro y cobre; y Cascabel, que tiene los más grandes yacimientos de oro, plata y cobre.

El viceministro de Minas, Xavier Vera, cree que con los cinco existe una potencial exportación de USD 4 000 millones hasta 2025.

La actividad minera puede crecer a medida que se amplíen las áreas concesionadas. Vera comenta que solo el 10% está explorado y se cuenta con 3,17 millones de hectáreas para concesionar.

Andrew Taunton, vicepresidente de SolGold, indica que tienen dos años para seguir con la exploración avanzada, evaluar y crear un estudio de prefactibilidad, que determine las mejores maneras de la extracción de los minerales, procesamiento y exportación.

SolGold es dueña del proyecto Alpala, dentro de la concesión de Cascabel, uno de los 10 yacimiento más grandes del mundo en su categoría. Tiene aproximadamente 25 millones de onzas de oro, 100 millones de onzas de plata y 11 000 toneladas de cobre. “El estudio de factibilidad determinará la mejor manera de extraerlo, sea todo o algo”, comenta Taunton.

Después de esa fase se prevé construir la mina, que podría durar cuatro años, por lo menos.
En el mejor de los casos, la producción comenzaría en 2028, indica Taunton. “Al ser profundo se requiere de uno a dos túneles y se demora bastante en construirlos”.

Esta etapa significará inversión y generación de empleo, para lo cual se contempla usar la mano de obra local de Lita y La Carolina, en Imbabura, donde está Cascabel.

El directivo ve un panorama positivo para el desarrollo de la minería, sobre todo por la apertura del
Gobierno para que más empresas lleguen con sus inversiones.

Santiago Yépez, gerente general de la empresa canadiense Lucky Minerals, considera que en los siguientes años se consolidarán los dos proyectos en producción: Mirador y Fruta del Norte.
Pero también cree que será un desafío llevar a la producción los cinco proyectos, debido a la posición antiminera de varios sectores sociales y a que recién la minería a gran escala está comenzando.

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería de Azuay, opina que la situación política y legal pudiera afectar a los proyectos. “Coincidimos en que el potencial del país es inmenso, pero no va de la mano con la manera en que se ejecuta la política minera”.

Para él, no se ha pasado del discurso y existen falencias, como el cierre del catastro minero que ya lleva tres años. Tampoco -manifiesta- hay seguridad jurídica eficiente y se refleja en las resoluciones de la Corte Constitucional. Por ejemplo, dio paso a la consulta popular en Cuenca en 2019 y falló recientemente a favor del bosque Los Cedros, en Imbabura.

Según él, con esa decisión se impide la actividad, cuando en la ley no consta esa categoría (bosques) como prohibitiva para practicar la minería. Además, han proliferado las ordenanzas municipales, por las cuales declaran a sus cantones libres de la minería, que atentan contra el ordenamiento jurídico.

“No es coherente hablar de un país minero si no hay un catastro que posibilite las nuevas concesiones y se ha agravado con la política errada, burocrática y centralizada que tenemos”, dice Vargas.