Los expertos en derecho laboral consideran que la discriminación y el desempleo juvenil son problemas persistentes en el país, a pesar de que existan instrumentos legales que amparan al trabajador. Por eso destacan la importancia de que en el nuevo Código Laboral se traten los temas a profundidad.

En la Defensoría del Pueblo de Guayaquil los casos más comunes de denuncias por discriminación laboral se dan por la orientación sexual, por ser VIH positivo y por tener alguna discapacidad, cuenta María José Fernández, defensora del Pueblo. La funcionaria añade que hay unas 40 denuncias por estos casos en lo que va del año, pero podrían ser más, "porque todavía hay temor a denunciar".

Aunque en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución se establece que nadie podrá ser discriminado por esas razones, Eduardo Franco, exsubsecretario de Trabajo del Litoral, considera que uno de los problemas radica en que suele ser difícil comprobar que un despido fue por discriminación. "Deben establecerse mecanismos objetivamente comprobables, como cartas, correos y testigos", menciona Franco.

Silvia Buendía, abogada y activista defensora de la comunidad Lgbti, destaca que en los últimos años el discrimen se ha visibilizado más con las luchas de esta comunidad.

Otro aspecto que no suele clasificarse como discriminación, pero que se constituye una limitante, es la edad. Por lo general las empresas demandan experiencia laboral previa de los aplicantes, lo que se vuelve un problema para la población joven. "El código debería normar esto, si no se les da la oportunidad, ¿cómo comienzan?", dice Franco.

Varias universidades han optado por crear bolsas de trabajo para facilitar el ingreso al campo laboral de los jóvenes. Raúl Coello, director del Centro de Promoción Empresarial de la Escuela Politécnica del Litoral, cuenta que estos espacios buscan crear confianza en las empresas, incentivando a que contraten gente joven, o que les abran espacios para hacer prácticas preprofesionales.