Construcción en el barrio Tarqui, Manabí, afectada por el terremoto del 16 de abril. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Construcción en el barrio Tarqui, Manabí, afectada por el terremoto del 16 de abril. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En junio el Gobierno tendrá los datos oficiales sobre pérdidas por el terremoto

3 de mayo de 2016 17:09

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas el 16 de abril pasado tiene, según el Gobierno, tres etapas.

La titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senaplades), Sandra Naranjo, dio a conocer hoy 3 de mayo del 2016 el plan para la reconstrucción.

En la presentación también participaron Diego Zorrilla, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas para el Ecuador; Omar Bello, coordinador de la Unidad de Desarrollo Sustentable y Desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y José Rosero, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En una primera etapa, el Gobierno realizará una evaluación y cuantificación del monto de las pérdidas, el impacto económico y social, etc. En esta fase participarán organismos internacionales.

Luego se realizará una determinación de las necesidades de la zona y, finalmente, la priorización y diseño de políticas para la reconstrucción.

El país usará la metodología de evaluación de desastres desarrollada por la Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El país está recibiendo apoyo técnico de estos organismos.

Entre el 3 y 13 de mayo del 2016, el INEC levantará la primera información sobre daños y pérdidas en el sector productivo en las zonas afectadas en Manabí y Esmeraldas.

Para ello cuentan con una muestra de 1 696 empresas entre grandes, medianas y pequeñas. Se tomarán en cuenta, principalmente, a las firmas vinculadas a cuatro sectores: agrícola/ganadero/pesquero, turismo, comercio y manufactura.

Un segundo proceso que llevará a cabo el INEC será el levantamiento de información de familias y hogares en albergues y refugios. Se trabajará en 97 albergues, incluidos aquellos ubicados en Santo Domingo y Los Ríos. La entidad valorará pérdidas de ingresos, de empleo, etc., para determinar el impacto social en esta población.

También se levantará el registro único de damnificados, que se calcula en 6 748 familias; es decir, 20 785 personas.

Para este proceso, el INEC cuenta con 170 voluntarios que están recolectando información y 70 adicionales que se encargarán de la digitación.

La información que se obtenga de la evaluación, según Bello, se prevé que esté lista en junio. Naranjo, por su parte, indicó que los procesos de reconstrucción tendrán un sustento clave en los datos que se recopilen.

Ella también dio explicación sobre otros procesos que se han puesto en marcha para enfrentar los impactos del terremoto, como es de la venta de activos del Estado.

Entre aquellos activos que se venderán está el Banco Pacífico. “En el caso de CNT y Flopec, por ser de sectores estratégicos, hay una restricción, por lo tanto se puede abrir el capital hasta el 49%. Tenemos, por ejemplo, los medios incautados como Gama y TC, que también están a la venta. La idea es que sirvan como medidas complementarias para financiar la reconstrucción".

El presidente Correa anunció el sábado pasado que también se venderá la central hidroeléctrica Sopladora, que también es un sector estratégico.

Bello indicó que en otros países ya se han vendido activos. Colombia, por ejemplo, vendió parte de los activos de Ecopetrol, luego del desastre por la ola invernal en el 2010 y el 2011.
Zorrilla explicó que ese país decidió extender un impuesto que se iba a eliminar y en Chile usó fondos que ya tenía.

Además, indicó que la reconstrucción es un proceso de largo aliento y puede demorar años.
La secretaría de Senplades, por su parte, señaló que el monto de USD 3000 millones en pérdidas ha sido preliminar y que en seis semanas se tendrá el dato oficial una vez que termine la evaluación de los daños y las pérdidas.

Con relación a un posible ajuste del Estado, la funcionaria detalló que el proceso de optimización de entidades comenzó en el 2007 y ya han sido eliminadas 111 entidades. Actualmente, dijo que existen 136 entidades públicas.

“Va a ser importante un reajuste de prioridades dado lo ocurrido. Eso está contemplado y lo vamos a contar una vez que termine el diagnóstico”, indicó.