En el Ecuador están activas 598 entidades del sector financiero popular y solidario, entre cooperativas y mutualistas.

Aunque parecería un número alto -si se compara con los 25 bancos del país- desde que se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en el 2012, el sector se ha venido depurando por fusiones y liquidaciones de entidades, que, según Margarita Hernández, superintendenta, son parte del proceso de fortalecimiento del sector.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia, desde el 2012 se han liquidado unas 129 entidades y 205 han entrado en proceso de liquidación. Entre el 2017 y 2018, en Tungurahua se registró la mayor cantidad de entidades que se liquidaron.

Juan Pablo Guerra, vocero de la Asociación de Organismos del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), considera que no hay un número ideal al que se deba llegar en el proceso de depuración. “Es indiferente el número de entidades que existan, siempre que tengan solvencia, prudencia financiera y compromiso social”.

Guerra acota que es un error creer que tener “demasiadas cooperativas pequeñas” es un problema. “Hay zonas en cantones rurales en donde las cooperativas, aunque sean pequeñas, son el único dinamizador de la intermediación financiera. Tenemos que fortalecer el proceso de una supervisión diferenciada”.

La principal causa de que las cooperativas entren en estos procesos de extinción, según la SEPS, es que incumplieron con el objeto social; es decir, entidades que dejaron de operar de manera unilateral, o que durante un período de tiempo determinado y de manera injustificada no presentaron estados financieros que dieran cuenta de su accionar y su situación real.
La mitad de las liquidaciones se ha dado por esta razón.

La segunda causa de liquidaciones de cooperativas es que registraron pérdidas de más del 50% de su capital social. Se trata de casos en que ese monto de pérdidas no ha podido ser compensada por las reservas patrimoniales o de los mismos socios, como dueños de su cooperativa. La tercera es porque no adecuaron correctamente sus estatutos.

Guerra señala que el problema de fondo detrás de las causales es que hay entidades que todavía no están capacitadas sobre buen gobierno cooperativo. “Hay socios que no conocían lo que hacían los administradores cuando entra a liquidación la cooperativa”.

El vocero menciona también que hay debilidad en los conocimientos sobre educación financiera. Actualmente, solo los bancos del sistema financiero están obligados a implementar programas de capacitación en educación financiera.

Hernández explica que los procesos de liquidación son traumáticos para el sector, porque generan incertidumbre y los socios que tienen que esperar por la devolución de sus dineros que no siempre los cubre el seguro de depósitos.

Por eso la funcionaria destaca que los esfuerzos del ente apuntan a identificar los momentos claves para que los entes con debilidades vayan a un proceso de fusión para evitar liquidaciones que toman más de un año.

En el caso de la Cooperativa Malchinguí, por ejemplo, que tenía déficit patrimonial y una cartera en mora de 36%, de un total de USD 850 000, la mejor opción fue optar por una fusión para evitar que sus indicadores se sigan deteriorando. La Cooperativa Pedro Moncayo, en Tabacundo, la absorbió el año pasado.

Gracias a este proceso, la cooperativa Pedro Moncayo tiene más puntos de atención en Cayambe, Calderón, Checa y Malchinguí, en el norte de Pichincha.

“Hacemos supervisiones y recomendaciones para que se cumpla la normativa, pero siempre hay un nivel de vulnerabilidad que se hace más evidente en las que tienen menos activos”, explica la Superitendenta.

Entre el 2015 y abril del 2019 se han dado 106 procesos de fusión, la mayoría, por absorción de entes más grandes que se fusionan con entidades de los segmentos más pequeños.
Un caso es el de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato que en el 2015 absorbió a las cooperativas Allu Pulla, con sus agencias en Pelileo, Ambato y Azogues, el proceso tardó seis meses.

“Con la absorción ganamos todos porque damos confianza y seguridad financiera, aumentamos nuestro mercado con nuevas oficinas”, indica Cristina Yucailla, gerente de la cooperativa Ambato.

Algo similar ocurrió con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo. La entidad absorbió a las cooperativas Causaypak Ñan, en Pujilí; Finander, en Pelileo y está por finalizar el proceso con la cooperativa Santa Lucía con oficinas en Lasso, Quito y Ambatillo (Ambato).

“Las cooperativas grandes tienen la capacidad financiera, operativa y tecnológica para asumir ese reto. Toda la migración de datos de número de socios, depósitos a plazo fijo, juicios y más pasaron a la nueva administración”, señala Rodrigo Llambo, gerente de Cooperativa Chibuleo.

Mejores indicadores

La Superintendenta destaca que a pesar de que el sector está reduciéndose en número de entidades, hay confianza por parte de la gente, porque el número de socios ha ido en aumento.
Además, las cifras del sector cooperativo a marzo de este año muestran que los depósitos crecieron un 12,5% en relación a igual mes del año pasado, según un reporte realizado por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

Con más recursos depositados, las entidades también colocaron más créditos. La cartera bruta a marzo creció un 25,4% en relación al mismo mes del 2018, dice el mismo reporte.
La economía popular y solidaria también forma parte del programa que llevará a cabo el Gobierno como parte del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hernández explica que al multilateral le preocupan las brechas normativas entre el sector bancario y cooperativo. Por ello, el ente reconoce que es necesario que se realicen cambios en cuerpos legales, en temas como morosidad.

En una liquidación existe un seguro para el depositante


El número de entidades del sector financiero popular y solidario se ha reducido en los últimos años, principalmente porque han entrado en procesos de liquidación, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Cuando esto ocurre, según el artículo 307 del Código Monetario y Financiero, el plazo para el cierre de los entes puede tomar tres años, pudiendo prorrogarse por dos más previa solicitud.
Iván Velástegui,asesor general de Cooperativa Andalucíay economista experto en liquidaciones, explica que la demora para un cierre definitivo obedece a lo complejo del proceso. “Puede, por ejemplo, que no se tenga los montos para cancelar a todos los acreedores de las entidades”.

El informe de la SEPS revela que, a marzo pasado, se devolvieron depósitos al 96% de los socios de las entidades del sector financiero popular y solidario (SFPS) en liquidación.
La Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosde) desde el 2008 ha pagado el seguro a 170 entidades del sector financiero popular y solidario y tres bancos; se ha cancelado el 84,3% de USD 48 millones, que es el valor total.

Las entidades financieras en el país alimentan el fondo para el pago de seguro de depósitos. Hasta marzo pasado este sumaba USD 2 000 millones: 1 647 millones correspondieron a bancos y 354 millones, a entes del sector financiero popular y solidario.

Una vez que se inicia la liquidación forzosa (existen también voluntarias) es obligatorio pagar el seguro. Este se entrega a todos los depositantes. Hay que aclarar que en los entes del SFPS todos los depositantes son socios. El mecanismo no cubre a los socios que administran.

El seguro tiene un monto máximo de pago, según el segmento al que pertenece la entidad: en el segmento cinco se puede recuperar hasta USD 1 000 y en el uno hasta 32 000. Cantidades superiores a esos valores se devuelven conforme se venden los bienes muebles o inmuebles de las entidades del SFPS, se cobren créditos, se subasten bienes recuperados en garantía, etc.

Las primeras personas a las que se cancela, según el orden de prelación en una liquidación, son los depositantes. Luego están otros acreedores o deudas como aquellas a personas con depósitos superiores a los montos que paga el seguro, los trabajadores que reclaman indemnizaciones, impuestos, etc.

La SEPS muestra que a marzo faltaba por devolver depósitos al 4% de los socios de las entidades del SFPS. El 54% del monto de los depósitos está pendiente.

Lorena Freire, presidenta del directorio de Cosede, explica que “respecto al seguro, de acuerdo con las bases de datos que recibimos, el 98% de las personas obtiene el 100% de su dinero. 2% son aquellas con depósitos con un monto mayor a la cobertura”.

Del total de entidades extintas y liquidadas por parte de la SEPS, el 50% ha sido remitido a Cosede para el pago del seguro de depósitos. “No quiere decir que el otro 50% no tiene derecho, sino que los que no acudieron o no tenían depositantes, se liquidaron voluntariamente, hubo fusión o absorción”, explica Freire.

Si se produce una liquidación forzosa pero la entidad no tiene depositantes no tiene que acudir a Cosede. En los últimos 10 años, la mayor cantidad de entidades liquidadas que acudieron a Cosede para el pago del seguro están en el segmento cinco.

Juan Pablo Guerra, presidente de Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, explica que entre las causales para una liquidación forzosa están la revocatoria de autorizaciones de actividades financieras, deficiencias en el patrimonio técnico, no elevación del capital social, indicadores negativos de solvencia, etc.

Una vez que la SEPS determina el proceso de liquidación, se nombra un liquidador para cumplir el proceso.