La digitalización de procesos también se vive en el mundo legal. La llegada de covid-19, sin embargo, aceleró completamente el proceso dentro de Ecuador.

Ya en 2018 se hablaba con fuerza del tema. En ese año el estudio Las funciones legales abrazando lo digital, de la consultora Deloitte, determinaba que el 56% de 300 miembros de departamentos legales de empresas consultados, de nueve países del mundo, indicó que en sus organizaciones se estaba invirtiendo en herramientas informáticas para su actividad.

Los ejecutivos ya consideraban que la tecnología tendría un impacto positivo en las empresas, particularmente en las áreas legales. Esto le permitiría a dichos departamentos enfocarse en actividades de generación de valor para las firmas.

Miguel Ángel Puente, socio fundador y gerente de Puente & Asociados, explica que todo esto se conoce como ‘legal tech’. “Implica la utilización de las nuevas tecnologías en lo legal. Hay distintas herramientas que ya se han venido utilizando y que, tras la pandemia, se va a acelerar en su aplicación”.

Una primera solución es la de las plataformas de comunicación que facilitan el teletrabajo, lo cual ha llevado a desarrollar procesos como asesorías legales virtuales. Otra herramienta es el big data, que permite el procesamiento de gran cantidad de información y, de esa manera, se responde a las necesidades de los clientes.

También consta dentro de los avances los contratos inteligentes. Funcionan a través de un sistema que, mediante determinados algoritmos, una vez ingresada la información respectiva, genera un documento. Por ejemplo, los contratos virtuales de compra – venta, de arriendo, corporativos, entre otros.

Puente considera que la tecnología podría llegar a un nivel tan elevado que sería factible que se realicen procesos a través de jueces robots. Actualmente, en Singapur existe esto y se aplica para casos sencillos como divorcios sin complicaciones.

En términos más prácticos, el uso de las TIC en el Derecho permitirá que cada vez se use menos papel. Servicios como Lexis, Ediciones Legales, etc., presentan en el país códigos, leyes y otras normas de manera electrónica; de igual forma, el Registro Oficial se modernizó y ofrece una versión virtual.

A pesar de todas estas transformaciones, hay negocios legales que todavía no han dado el salto. Es ahí cuando intervienen empresas como la española Legaltechies, una consultora especializada en transformación electrónica para despachos, departamentos legales corporativos y facultades de Derecho.

Jorge Morell Ramos, socio director de la firma, y Felipe Herrera, consultor, coinciden que tras la pandemia los requerimientos de su oferta se han incrementado. Incluso, hoy día apuntan a brindar su asesoría en países de América Latina como Chile y Ecuador.

Algunas de las tareas en las que pueden ayudar, por ejemplo, es en encontrar y aplicar un software de gestión, ya que muchos abogados o estudios tienen expedientes en papel. Otros despachos, incluso en España, no tienen página web y la necesitan urgente.

Normalmente, la firma hace tres labores. Informa: algunos clientes, por ejemplo, desean conocer cuál es la tecnología aplicable para el área procesal, quieren trabajar con blockchain o buscan dar servicios virtuales; impulsa proyectos de negocios legales como los orientados a la digitalización; y en tercer lugar trabaja en la mejora de procesos internos: gestión documental con tecnología, eficiencia de la información que llega vía correo, etc.

El jurista y director académico de Derecho de la Universidad de las Américas, José Gabriel Terán, explica que todos estos desarrollos tecnológicos deben ir de la mano con normativas, como la Ley de Comercio Electrónico. Esta regula mensajes de texto, firma electrónica, servicios de contratación digital, etc.

Terán asegura que la administración pública no avanza con la celeridad esperada en la transformación digital. Ha tenido luces en casos como la posibilidad de constituir empresas en línea a través de la plataforma de la Superintendencia de Compañías, lo que ha reducido los tiempos de creación de 15 a cinco días; la constitución en línea de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).

Terán dice que es fundamental seguir impulsando el Gobierno electrónico y usar los medios tecnológicos. Las páginas web de bufetes jurídicos no pueden ser solo informativas, deben ofrecer servicios digitales concretos.

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