El Viceministro de Minas explica que una consultora internacional manejará el Sistema de Gestión Minero, el cual estará listo el próximo año, para atraer nuevas inversiones e impulsar la industria minera ecuatoriana.

¿Cómo avanza el proceso para la reapertura del catastro minero?
​
Se ha planificado trabajar en dos fases. La primera es el ‘catastro análogo’, que se iniciará en enero y consiste en la substanciación de 506 trámites: 345 son de pequeña minería, 97 de gran minería y otros de minería artesanal. Vamos a hacer una revisión exhaustiva para dar los títulos mineros. Tenemos un crédito del BID, para mejorar, actualizar y reconformar un sistema, que va desde depurar la base de datos hasta contratar una empresa internacional hasta mayo. Esa consultora va a generar un Sistema de Gestión Minero. La idea es que para octubre esté listo, para entrar a dar concesiones, luego de la revisión de las zonas protegidas .

¿Cuándo empezarán las concesiones?
​
Desde octubre cuando se abra el catastro minero. Trabajamos con el departamento jurídico para ver los reglamentos y procedimientos de la política del catastro, como la consulta previa que debemos trabajar con la Asamblea.

¿Qué empresas han mostrado su interés por abrir el catastro?
​
Muchas extranjeras. El impacto del anuncio del catastro y de Ecuador Open for Business ha hecho que muchas empresas como BHP y otras estén muy interesadas y con expectativa.

¿Qué problemas o escollos deben resolverse hasta su reapertura?
​
Creo que la seguridad jurídica es fundamental para que puedan venir inversiones nacionales e internacionales. La pequeña minería tiene del 20% al 30% de las exportaciones, por lo que hay que considerar a los empresarios nacionales. Se trabaja con las instituciones del gobierno, empresas y comunidades, para disminuir la tensión en los territorios. Creo que la minería informal e ilícita ha ganado espacio en la comunicación, porque los antimineros usan eso coma plataforma de oposición.

¿Qué incidencia tiene la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Los Cedros, en la actividad minera?
​
La sentencia solo tiene incidencia en el Bosque Protector Los Cedros. La Corte determinó una vulneración de los derechos de la naturaleza. La empresa Enami, como parte del proceso, presentó el 6 de diciembre un recurso de aclaración y ampliación de la sentencia para que establezca el alcance. Estamos muy confiados en que la Corte va a entender que la minería responsable es posible dentro de los bosques.

¿Esa sentencia sienta precedentes para otros proyectos mineros que están en bosques?
​
Pensamos que no tendrá un precedente.

¿Qué garantías tienen los inversionistas de los cinco proyectos mineros en su fase de exploración avanzada?

El Gobierno marcó un hito con el decreto 151. Una de las compañías más grandes del mundo, SolGold, firmó un contrato de inversión de USD 485 millones para exploración. El CEO dice que en el documento se ve el apoyo del Gobierno y la seguridad jurídica que dan a los inversionistas. No es retórica. Eso aplicamos para la gran y pequeña minería.

¿Qué nuevos proyectos tienen en carpeta para ofrecer a los inversionistas extranjeros?

No ofrecemos proyectos ‘per se’; damos concesiones para inversiones. Hay empresas júnior, que investigan y exploran, para determinar si existen yacimientos, hacen estudios y luego buscan empresas con músculo financiero, para que vengan a construir y explotar. Tenemos proyectos que próximamente van a hacer minas, como Loma Larga, La Plata, Curipamba, Cangrejos y Cascabel.

En Azuay, las voces en contra de la minería son fuertes, tanto que hicieron fracasar el proyecto de Río Blanco. ¿Qué van a hacer para que no suceda lo mismo con Loma Larga?

Loma Larga fue otorgado con anterioridad a la consulta popular y goza de los derechos adquiridos por cada título minero. El resultado de la consulta no debe afectar la seguridad del proyecto y por ende del plan de trabajo. No puede ser retroactivo y no vemos ningún problema.

¿Es verdad que el Gobierno no tiene acciones claras para evitar la inseguridad jurídica, causada por los fallos de la Corte Constitucional y las ordenanzas municipales que declaran zonas libres de minería, según los empresarios mineros de Azuay?

He emitido oficios a una alcaldía que se toma atribuciones. Los minerales son del país y ellos no tienen competencias. Estamos trabajando transversalmente para dejar claro esos temas. Respetamos a la Corte Constitucional, sin embargo, debemos defender que los minerales son del país y que se trabaja con las técnicas ambientales. Ecuador necesita posicionarse como país minero. Perú exporta USD 20 000 millones y Chile, 40 000 millones.