Una vez que se concretó el acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la visión que tienen los organizamos internacionales e inversionistas?

La concreción del acuerdo es una buena noticia que confirma que el país tendrá la oportunidad de acceder a financiamiento de bajo costo durante los próximos años, mientras se implementa la agenda de las reformas que se necesitan para poner las finanzas públicas en una senda que sea sostenible y así abaratar el costo del financiamiento en los mercados internacionales. La comunidad de inversionistas recibió favorablemente estas noticias, pero los retos más importantes son los que están adelante. Para sostener la mejora en la percepción de riesgo en el mercado será vital mostrar avances en las reformas.

¿Usted considera que el país podrá concretarlo?

En este contexto considero que Ecuador cuenta con dos ventajas. La primera es un contexto global más favorable. El incremento de los precios del petróleo y otros ‘commodities’ y la recuperación económica facilita y hace menos doloroso el ajuste fiscal. Lo segundo, son las nuevas condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario que son un poco más flexibles y en eso deberían mejor la viabilidad del programa.

El FMI proyecta un crecimiento promedio del 2,8% entre 2022 y 2026 para el Ecuador. ¿Qué expectativas tienen los inversionistas en el mediano y largo plazos?

Mi impresión es que las estimaciones del FMI y las expectativas del mercado son relativamente conservadoras. Creemos que el crecimiento económico puede ser mas alto de lo previsto. Para 2021 vemos posible una expansión cerca del 5,0%. En la medida de que el proceso de vacunación avanza y la economía se reabre había un rebote que debería ayudar a tener un crecimiento relativamente alto. Parte de ese efecto ya lo vimos en los resultados de segundo trimestre donde el PIB se expandió 8,4%. Sostener ese ritmo en los siguientes años será más difícil. Pero si se avanza en la agenda de reformas es posible atraer inversiones, en particular en los sectores petrolero y minero, que pueden llevar a tasas de crecimiento más altas que las que el país ha tenido históricamente.

Dentro del acuerdo, el FMI fijó tres reformas estructurales que deben aprobarse entre este y el próximo año. Son las reformas tributarias, fortalecer el antilavado y evitar el enriquecimiento ilícito. La primera puede resultar la más complicada, por la minoría que el Gobierno tiene en la Asamblea. ¿En la práctica, el Fondo está apoyando al Ecuador con este tipo de exigencias?

Es cierto que el Gobierno cuenta con un apoyo limitado en la Asamblea que representa un reto para avanzar en la agenda de reformas, pero el Régimen todavía cuenta con un apoyo popular importante y herramientas que le da la Constitución para alinear incentivos y llegar a acuerdos con la Asamblea. En el caso de la reforma tributaria, la demanda del FMI se ha reducido significativamente. Originalmente la exigencia era una reforma de 2,5% del PIB ahora se trabaja sobre la base de una reforma de 0,7% del PIB. Eso permite que no se tenga que tocar impuestos como el IVA que son políticamente más sensibles, y le permite a las autoridades focalizar el alza de impuestos en la población de más alto ingreso. Eso aumenta probabilidad que la reforma sea aprobada.

¿Cómo se están valorando los bonos ecuatorianos? ¿Qué consejos dan ustedes?

Mantenemos una visión constructiva sobre los títulos de deuda ecuatorianos. A pesar de que se han revalorizados significativamente desde las elecciones todavía la prima de riesgo de Ecuador sigue siendo más elevada que la de otros países productores de petróleo como Ghana o Angola. De manera que si se avanza en las reformas y los precios de petróleo se mantienen elevados existe espacio para una compresión adicional de la prima de riesgo.

Ecuador enfrenta una dualidad con el incremento del precio del crudo. Por un lado, mejora las finanzas estatales y, por otro, su capital político-social se afecta con el aumento de los combustibles que golpea a una población que no pasa por su mejor momento de liquidez. ¿Cómo manejar la situación por parte del Régimen?

Ecuador es un exportador neto de petróleo así que el impacto de una subida del precio es indudablemente positivo. Este año nosotros estimamos que los ingresos adicionales por petróleo que va a recibir el gobierno podría superar 2% del PIB (USD 2 000 millones). El manejo de los subsidios es un reto importante. La idea del Gobierno de focalizarlo es lo técnicamente correcto. Puede hacer transferencias directas al transporte u otros sectores que se vean negativamente afectados por el alza de los combustibles. Eso debería ayudar mitigar el impacto que esta política tenga en los sectores más vulnerables.

¿Cuál es la proyección que tiene el mercado financiero internacional para la pos­pandemia para el caso ecuatoriano?

Las expectativas de los mercados con Ecuador son conservadoras. Dado el récord histórico del país que no ha logrado consistentemente avanzar en reformas y ha recurrentemente caído en impagos de deuda hace que los inversionistas tiendan a ser cautelosos. El país necesita cumplir sus promesas y evitar decepcionar con traspiés que lleve a deshacer los avances alcanzados.

En el contexto regional, ¿cómo quedará la región luego de la pandemia? ¿Qué casos de países se pueden destacar?

Ecuador puede ser una luz en medio de un ambiente sombrío que existe en Latinoamérica. Los retos son muy grandes, pero existe una convergencia de factores que incluyen como un Gobierno reformista, apoyo geopolítico, precios de ‘commodities’ favorables y una complicada situación política en vecinos como Perú o Chile que le dan una oportunidad histórica al país de convertirse en un polo de atracción de inversiones y genere una transformación estructural que repercuta en el bienestar de toda la población.

Su hoja de vida

Experiencia. Es economista y CAC en Barclays. Es responsable de la cobertura macroeconómica de la firma de las economías andina, centroamericana y caribeña. Se incorporó a Barclays en 2010, luego de trabajar varios años en los mercados financieros de Venezuela.

Experiencia. De 2004 a 2010 fue economista en Bancaribe, el sexto banco más grande de Venezuela. También fue investigador económico para el Grupo Santander Banco de Venezuela. Tiene una maestría en Administración Pública de la Univ. de Columbia, con especialización en Política Económica. Tiene una maestría en Economía de la Univ. Católica Andrés Bello.