La nueva Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria es mediocre e insuficiente frente a la necesidad de cambios en la política económica que requiere el país. Se podría decir que dentro de la Ley (vetada parcialmente por el presidente Moreno) hay pequeñas (contadas) cosas que guardan coherencia con el entorno por el que debe transitar el país pero, en general, la propuesta que actualmente se debate, es confusa, enredada y se presta para generar más desconfianza en el mundo empresarial y en aquellas empresas que desean invertir en el Ecuador.

La ley que se debate carece de cambios en el concepto y reitera de manera absurda y abusiva, la filosofía de un gobierno que solo busca pasar “raspando la olla” para cumplir con sus obligaciones mensuales. Basta decir que con esta ley se estarían recabando apenas 600 millones de dólares en el transcurso del próximo año. Sin embargo, nada se dice de lo que el Estado dejaría de percibir por aquellas inversiones y proyectos que no se llegarán a ejecutar por la falta de un sistema tributario coherente, de largo plazo que brinde garantías al inversionista.