No hay una receta clave para que el 60% de la población ecuatoriana que no está bancarizada, pueda acceder a uno de los servicios que ofrecen entidades formales, pero un paso importante es la educación financiera, dice Sonia Zurita, docente de la Espae.

“Esta educación pasa no sólo por conocer las ventajas de estos servicios, sino también por la confianza que las entidades inspiran para que el potencial cliente sienta que sus necesidades son atendidas de manera apropiada y justa”, señala.

En el país, la Superintendencia de Bancos dispone que las instituciones bajo su control deben desarrollar programas de educación financiera (PEF).

En tanto, para las entidades del sector de la economía popular y solidaria (EPS), este tipo de programas es opcional.

Si bien las entidades han diseñando programas, según Edgar Peñaherrera, gerente de Icored, gremio que agrupa a 37 de las cooperativas más grandes del país, han sido esfuerzos aislados que no han dado los resultados más óptimos.

Para Julio José Prado, representante de la Asobanca, es momento de diseñar una estrategia de alianza público privada que abarque el problema de la falta de educación financiera, y otros.
El representante gremial explica que están trabajando en un plan de inclusión financiera en el que participe el Estado y las cooperativas.“Esperamos que se puedan crear agendas de trabajo público-privada para inclusión financiera, como se han hecho en Perú y Uruguay”.

Mientras el acceso a la banca electrónica entre la población bancarizada sigue en aumento -en el 2017, el 73% de las transacciones que se realizaron en instituciones financieras fueron por canales electrónicos-el reto sigue siendo alcanzar a la población que no accede a un producto o servicio financiero alguno.

Prado señala que hace cinco años, el gremio planteó al Gobierno el pedido de implementar billeteras móviles que permitan crear cuentas desde un celular, pero en lugar de ello, se implementó el dinero electrónico manejado por el Banco Central, que no despegó y se eliminó este año en la Ley de Reactivación Económica.

Ahora, la banca y cooperativas tienen en sus manos un plan de implementar esa billetera móvil. Según Prado, el proyecto de la banca, que se llamará Bimo, está listo en su parte técnica, sin embargo, no ha podido lanzarse debido a que el Gobierno no ha definido tarifas y reglamentación.