Las innovaciones en temas legales atraviesan, actualmente, actividades como las de las notarías o la asesoría legal. Un ejemplo de ello es la empresa chilena Notarisa.

Se trata de una notaría digital. Nació en 2017, partir de una investigación del sistema notarial. “Encontramos oportunidades para mejorar la atención al público; para disminuir el tiempo de espera o requerido por una persona para hacer un trámite”.

Paralelamente, ese año se anunció que la Fiscalía Nacional Económica de Chile haría un estudio al sistema notarial por falta de competencia entre los actores y porque, al parecer, había una competencia monopólica. “Nosotros tomamos la decisión de crear una solución para el público de calle como usted o como yo, que necesita hacer diferentes gestiones, legalizar contratos, etc”, explica su CEO y fundador. , Andrés Salinas.

La notaría digital está operativa desde el 2018. Se trata de una aplicación web que permite crear un documento previamente requerido, como un contrato de arriendo, por ejemplo. La notaría publica digitalmente sus precios y los requerimientos que se necesitan para realizar ese trámite, como la identificación, títulos de propiedad, etc., y de esa manera la persona puede construir el documento que requiere, en cualquier lugar y momento. Lo único que debe hacer es acudir a la notaría a firmar físicamente.

A través de este mecanismo el usuario ha logrado reducir en casi el 90% del tiempo que, anteriormente, pasaba en la notaría, dijo Salinas. En términos de tiempo se pasó de estar 47 minutos en la notaría a solo siete minutos.

Actualmente, Notarisa tiene 36 notarías en todo Chile operativas a través de su sistema. A estas dependencias no les cuesta registrarse; también es gratis para los ciudadanos que ingresan a la plataforma a realizar sus trámites.

Su CEO asegura que el objetivo de sus servicios no es reemplazar al notario, sino acompañarlo en la digitalización. Ellos determinan qué documentos van a estar en el sistema para responder a las necesidades de la comunidad.

La gente poco a poco se va a adaptando a este mecanismos. La empresa tiene planes de expandir sus servicios en la región; para ello ya ha tenido conversaciones en Ecuador, Colombia, Perú y México. “Esperamos a final de año estar en, al menos, uno de estos cuatro lugares. Creo que la pandemia ha cambiado el cómo hacer las cosas. La presencialidad es cada vez más complicada y favorece más los procesos digitales”.

En otros países la tecnología avanza, aunque de una manera más lenta. Jorge Morell Ramos, socio director de Legaltechies, y Felipe Herrera, consultor de la compañía española, explican que en ese país es aún generalizado el hecho de acudir a la notaría a registrar la firma o a hacer otro tipo de gestiones.

“Hay que ser muy conscientes de la tecnología que tenemos delante de nosotros. A veces no hace falta gastarse mucho dinero cuando se tiene delante herramientas que si se saben usar son mucho más que suficientes para tener servicios completamente digitalizados y colaborativas”, detalla Herrera.

En Hispanoamérica, comentan los integrantes de la firma española, han encontrado propuestas innovadoras en temas de derecho digital como los market places jurídicos. Se trata de páginas web de intermediación a través de las cuales el usuario pide una gestión determinada y busca, entre la oferta de varios abogados, cual le conviene.

La ‘legal tech’, tanto en España como en América Latina, se concentra en las ciudades más grandes. En la península en Madrid y Barcelona; en Ecuador en Quito y Guayaquil y en Chile en Santiago y Valaparaíso.

Esta empresa ha hecho un diagnóstico del área del derecho en el país y ha identificado cinco proyectos importantes vinculados estrictamente con legal tech.

El jurista y director académico de Derecho de la Universidad de Las Américas, José Gabriel Terán, destaca que como parte de la innovación están las nuevas normas como el Código de Comercio. “La legislación ecuatoriana ha intentado reaccionar. Con la coyuntura hay la oportunidad para que el legislador se dé cuenta que la gobernanza electrónica no aplica solo para la administración pública, sino para las relaciones que hacemos entre privados”.